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NO
a la Basura nuclear de Australia.
Si a la Constitución Argentina. |
Campaña
Nacional e Internacional organizada en forma
conjunta por 70 Organizaciones No
Gubernamentales y Coaliciones.
El Contrato viola la Constitución Nacional. Es
ilegal.
INVAP y CNEA aceptaron participar
de un concurso internacional para la construcción de un reactor nuclear
en Lucas Heights, Australia, sabiendo que las condiciones del pliego los
obligaba a importar basura nuclear a la Argentina y violar por lo tanto la
Constitución de 1994. El artículo 41 "in fine" establece: "Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos y de los radiactivos". INVAP lo ignoró
y siguió adelante con el contrato. Previendo el rechazo que iba a
desencadenar ese contrato le pidió a la Autoridad Regulatoria Nuclear que
emitiera un dictamen sobre la importación de combustible nuclear agotado,
y solicitó un dictámen al constitucionalista J.R. Vanossi (29) (46). La
ARN respondió con la nota ARN 2875/99 firmada por la Lic. Sonia Fernandez
Moreno. Pese a la gravedad del tema y sus delicadas implicancias legales
la Lic. Sonia Fernández Moreno solo redactó un informe mínimo e
incompleto que no menciona el Artículo 41 "in fine" de la
Constitución ni tampoco la Ley 25018. Su versión en inglés tiene apenas
dos páginas (1). En cuanto al especialista consultado por INVAP, el Dr.
J. R. Vanossi, este produjo una caprichosa y cuestionable interpretación
del Artículo 41 en diciembre de 1999 (29) (46). Operaciones como la
llevada adelante por INVAP también requiere autorización de la Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, pero
ignoramos cuál ha sido su posición.
El
7 de Junio se anunció que INVAP había ganado la licitación (20), y ese
mismo día el presidente Fernando de la Rúa festejó públicamente el
acuerdo. El contrato fue redactado en un marco de secreto y silencio, y se
firmó en Australia el 13 de julio de 2000. Argentina quedó condenada
desde ese momento a recibir la basura nuclear de Australia y muy
posiblemente la de otros países.
Veamos ahora lo que sucedió con
posterioridad a la firma del contrato. Un mes después FUNAM difundió
públicamente en Australia que INVAP había realizado pruebas ilegales de
partes del reactor CAREM en Río Negro (20)
(21)Tales ensayos habían sido
descubiertos y luego denunciados por Greenpeace en 1997 (20). La noticia
de FUNAM conmocionó a los medios australianos. Posteriormente, en
el mes de octubre de 2000, FUNAM hizo público en Australia que el
contrato violaba la Constitución (7) y lo denunció formalmente ante el
Comité Investigador del Senado de Australia mediante dos informes (8).
Ese mismo mes el Biólogo Raúl Montenegro compareció ante el Senado
ratificando lo denunciado. Pero tanto el Embajador de Argentina en
Australia, Néstor Stancanelli, como el Gerente General de INVAP, Héctor
Otheguy, comparecieron ante la Comisión Investigadora para defender el
contrato. Pese a las duras cartas documento con que INVAP trató de
silenciar a FUNAM la denuncia quedó firme y hoy está contenida en el
capítulo 9 del libro recientemente publicado por el Senado de Australia
(12). INVAP había presionado a FUNAM para que aceptase una Mediación
Privada en Buenos Aires. Pero la Fundación la rechazó y propuso en su
lugar una Mediación Pública y abierta. Ante esta nueva posibilidad INVAP
hizo marcha atrás (35). La denuncia pública de estas presiones motivó
notas de solidaridad desde el Senado de Australia y ONGs de ese país
(35).
Pero en Argentina se seguía
ignorando lo que había hecho INVAP con nuestra Constitución Nacional. El
10 de octubre del año pasado la ilegalidad del contrato fue difundida
públicamente en Argentina desde FUNAM y desde Greenpeace (3). Pero INVAP,
CNEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio presidente
Fernando de la Rúa prefirieron ignorar la evidencia. Para tranquilizar a
sus pares australianos, que estaban preocupados por la denunciada
ilegalidad del contrato (y lo sucedido en Cherburgo), Australia y
Argentina comenzaron a bosquejar un convenio de cooperación nuclear que
tuvo sus antecedentes más inmediatos en la visita que efectuara el
Ministro Nick Minchin a la Argentina. A diferencia de otras visitas
protocolares su estadía fue sugestivamente poco difundida.
Pero la presión de los
australianos también produjo otro compromiso del gobierno que se mantuvo
en secreto. El Ministerio de Economía le envió a la Directora Ejecutiva
de ANSTO, Helen Garnett, una carta cuyo contenido es inconcebible en
tiempos de crisis económica. En esa carta, firmada por Miguel Ricardo
Bein, el gobierno nacional "respalda" a INVAP y se compromete a
facilitarle a INVAP "financiamiento relacionado con la ejecución de
los trabajos para ANSTO" (Nota del Ministerio de Economía n° 275
del 1 de agosto de 2000) (23). Somos uno de los pocos países que vende
barata su salud e incluso paga por ello (14).
¿Qué
argumentan INVAP, CNEA y el resto del gobierno?. Que el combustible
nuclear agotado que vendría de Australia no es basura nuclear. Aún hoy
el gobierno nacional prefiere violar las leyes antes que rescindir un
contrato cuya ejecución beneficiaría a INVAP por algo menos de 90
millones de dólares (ingreso bruto, sin descontar gastos), de un total de
180 millones (45). El resto quedaría para las dos empresas contratistas
aliadas con INVAP (John Holland y Evans Deakin Industries Limited), y los
restantes grupos consultores. Entre estos grupos se encuentran Connel Wagner, Cox
Richardson, Currie and Brown, Bob Munn, Richard Heggie Associates Pty Ltd,
Ralph M. Lee
Instrumentation and Communications, Wormald Fire Systems y Southern Air
Conditioning Pty Ltd (42). Recordemos
que la CNEA fue presentada como subcontratista del proyecto. Al 31 de
enero de 2001 ANSTO ya le había entregado a INVAP, como parte del
contrato, 24,7 millones de dólares (australianos). Este monto se destinó
al diseño de detalle de actividades, a la preparación de documentos para
el "Análisis Preliminar de Seguridad", a la asistencia a las
revisiones del diseño y a los costos operativos del proyecto de INVAP
(50).
Todos
los argentinos de hoy y quienes nos sucedan deben saber porqué la
operación fue y sigue siendo ilegal.
Lo
que vendría de Australia es combustible nuclear agotado, que como ya
vimos, incluye materiales radiactivos de alta actividad. El artículo 3 de
la Ley Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 25018 expresa:
"A
los efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo
material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya
sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no
se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que,
por características radiológicas no pueden ser dispersados en el
ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad
Regulatoria Nuclear".
El
combustible nuclear agotado de Australia no tiene previsto "usos
inmediatos posteriores en la misma instalación", ya que tras su
"acondicionamiento" en Argentina sería reenviado a ese país
para enterramiento. Esto es muy importante. Tanto el vitrificado de los
productos de fisión como el cementado de los metales invalida su uso
posterior como combustible (15). Vuelven a Australia para que se los
entierre. Recordemos que la licitación internacional aclaraba que el
combustible agotado del futuro reactor de Lucas Heights no podía quedar
almacenado directamente en Australia. Por ese motivo el contrato prevé
que ANSTO envíaría dichos residuos a la Argentina, donde CNEA separaría
los productos de fisión (en bloque) del metal de las vainas (previo
estacionamiento, ver arriba). Mediante operaciones de fundido y dilución
(el "melt and dilute" de los autores sajones) los residuos
radiactivos asumirían el nuevo formato llamado LLIL. Esta basura
radiactiva sí pueda ingresar a Australia, que terminaría recibiendo casi
lo mismo que envió solo que más diluido. Si se produjeran fugas y
pérdidas durante el "acondicionamiento" algo de residuo
radiactivo quedaría finalmente en nuestro país.
Otro
método de tratamiento que podría estar previsto en el contrato secreto
es el reprocesamiento. Mediante este método se separa y extrae Uranio 235
y Plutonio 239 del combustible nuclear agotado para que puedan ser
utilizados como combustible nuclear. El más generalizado es el MOX,
Combustible Óxido Mixto, que contiene Plutonio y Uranio. Aunque se ignora
su mención en el
contrato,
sí lo prevé y habilita el Convenio Nuclear firmado el 8 de agosto en
Canberra (ver abajo). Sin embargo los combustibles agotados de
uranio-siliciuro "no pueden ser reprocesados comercialmente" en
la actualidad (6).
Solo
existen experiencias piloto. La UKAEA de Gran Bretaña procesó
recientemente dos elementos combustibles agotados tipo LEU de
uranio-siliciuro en su planta de Dounreay, Escocia (48). Aunque la
industria nuclear de países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos
está poniendo a punto técnicas de retratamiento para los combustibles
agotados de reactores de investigación, su principal obstáculo es la
oposición pública. De allí que amparados en el silencio tanto el
contrato firmado por INVAP como el Acuerdo de Cooperación Nuclear anoten
a la Argentina en esta competencia internacional por recibir basura
radiactiva (ver abajo). Para los pocos que diseñaron esta temeraria
estrategia su principal obstáculo, hoy, es la propia Constitución
Nacional.
Los argentinos deben saber que tanto por el
Artículo 3 de la Ley 25018 como por las definiciones contenidas en la
Convención del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1997 el
combustible agotado que nos enviaría Australia es residuo radiactivo, y
que también es residuo radiactivo lo que le devolveríamos (13).
Idéntica postura sostienen dos destacados expertos internacionales en
energía nuclear, Jean McSorley de Australia (5) y Franck Barnaby de Gran
Bretaña (6). El Dr. Franck Barnaby confirmó a pedido de FUNAM que el
combustible agotado de Australia "es
residuo radiactivo" (6). Barnaby, Físico Nuclear, trabajó en el
"Atomic Weapons Research Establishment" de Aldemarston (Gran
Bretaña), fue Secretario de la "Pugwash Conferences on Science and
World Affairs" y actuó como director del "Stockolm
International Peace Reserach Insitute". Entre otros libros publicó
"The invisible bomb" (Ed. Taurus,
1989), "The Gaia Peace Atlas" (Ed. Pan, 1989) y "How
nuclear Weapons Spread" (Ed. Routledge,
1993).
En
consecuencia si lo que viene de Australia y lo que le se devuelve son
residuos radiactivos, tanto el contrato suscrito entre INVAP y ANSTO como
los acuerdos que lo avalan violan flagrantemente el Artículo 41 de la
Constitución Nacional, y son por lo tanto ilegales. Especialistas en
derecho constitucional como el Dr. Daniel Sabsay sostienen que el contrato
viola ese artículo de la Constitución Nacional (9). Sabsay obtuvo su
doctorado en la Facultad de Derecho Paris II y es Profesor Titular de
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Daniel Sabsay indica que en lo que hace a residuos
radiactivos "el último párrafo de la mencionada claúsula
[Artículo 41] prohíbe su introducción. Determinación categórica que
no admite ninguna excepción ya que de hacerse alguna se estaría violando
el claro texto constitucional" (...) "Dado que la claúsula en
comentario tienen jerarquía constitucional, todas las normas que se
dicten en consecuencia tienen un orden de prelación inferior y por lo
tanto deben compadecerse con su contenido. Caso contrario estarían
colisionando con el texto de la Ley Fundamental y debería declararse su
inconstitucionalidad (ver Artículo 31 de la Constitución
Nacional)". En cuanto al segundo párrafo del Artículo 41
"impone a
las autoridades la obligación de proveer la información ambiental, lo
que no ha ocurrido en el convenio a que se hace referencia en el presente
dictamen" (9). Cabe agregar, sobre este tema, que CNEA también
habría violado la ley 25018 (10). Conforme al Inciso "l" de esa
ley CNEA debe "Informar en forma permanente a la comunidad sobre los
aspectos científicos y tecnológicos de la gestión de residuos
radiactivos". Dado que tanto el contrato como las operaciones de
transferencia y "acondicionamiento" de residuos radiactivos se
mantuvieron en secreto, CNEA habría violado esa ley (10).
Según
Sabsay, para determinar si el ingreso de combustible nuclear agotado
supera la órbita reglamentaria a cargo de la ley para penetrar en la zona
que la Constitución se ha reservado para sí misma, cabe aplicar el
principio de razonabilidad enunciado en el Artículo 28 de la
Constitución Nacional que establece que:
"Los
principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio"
Cabe
señalar, agrega Sabsay, que esto ocurriría si para el contrato
Australia-INVAP se concluyera que:
(1)
"Se trata de una importación temporaria ya que el combustible
gastado viene para ser procesado y luego de algunos años retorna a
Australia. Pues bien, estaríamos frente a una interpretación arbitraria e
irrazonable, en tanto y cuanto el texto de la propia Constitución no
distingue entre ingresos permanentes y temporarios de residuos peligrosos"
(9).
(2)
"No es basura nuclear, es combustible quemado y es posible utilizar
parte de él nuevamente. Dado que en este caso se estaría modificando el
concepto de residuos radiactivo. Además, por medio de este temperamento
se está obligando al país a realizar determinado tipo de procesamiento
de residuos nucleares que aún no han sido evaluados ni aprobados por los
organismos específicos. En ese sentido, cabe recordar que la ley Nacional
25018 sancionada en 1998 establece los criterios para diseñar un plan de
manejo de residuos radiactivos. Ella determina la necesidad de definir un
'Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos' que debe ser
aprobado por el Congreso Nacional y eso aún no se ha llevado a cabo. En
consecuencia estamos frente a un contrato que no se encuadra en el marco
constitucional y legal argentino. Por último, la Argentina ha
utilizado criterios legislativos basados en el principio de que los
residuos radiactivos deben ser tratados allí donde se producen" (9).
Daniel
Sabsay también analizó las obligaciones a cargo de las autoridades que
establece el 2° párrafo del Artículo 41. Estas "proveerán a la
protección de este derecho (...), y a la información y educación
ambientales". Sabsay sostiene que "esta obligación en nuestro
caso, en cabeza, del Poder Ejecutivo Nacional, en razón de haber
negociado el convenio por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores
y de INVAP, no se ha cumplido. En realidad dicho convenio solo se conoce
parcialmente y más a través de 'filtraciones' que de un contacto directo
con el instrumento. Sin embargo el propio gerente general de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, Roberto Cirinello, reconoció en nota
concedida a Página 12 que 'uno de los puntos del proyecto de acuerdo
establece que en caso
de que la empresa australiana lo requiera, puede ser efectivamente traído
al país el combustible irradiado del reactor de Sydney, para su
procesamiento en INVAP y posterior devolución' (Página 12, 18 de abril
de 2001). La manifestación nos parece importante pues como bien sabemos
el combustible irradiado constituye material radiactivo. Acá podríamos
utilizar el adagio que sostiene que a confesión de parte relevo de
prueba. Por lo tanto, de resultas
de lo que acabamos de afirmar la actitud de las autoridades es violatoria
de dos párrafos del Artículo 41, del 2°, en lo que hace al deber
específico de informar, y del 4° en la medida que se ha infringido de
manera flagrante la prohibición que este contiene" (9).
También
el Parlamento comenzó a fijar su posición sobre el contrato. Algunos
legisladores de la Nación elaboraron "Proyectos de Resolución"
sobre la violación del Artículo 41 de la Constitución implícita en el
contrato de INVAP con ANSTO, requiriendo por ello información al Poder
Ejecutivo. En abril de este año el Diputado Mario Cafiero indicó en los
fundamentos de su proyecto que "de acuerdo a lo denunciado por la
Fundación para la defensa del ambiente solicitamos ampliar la
información acerca de la posibilidad que a partir de la venta de un
reactor nuclear a Australia nuestro país reciba el combustible nuclear
agotado para ser procesado en la Argentina" (...) "La
Constitución Nacional prohibe explícitamente en su Artículo 41 la
introducción de residuo radiactivo, por
lo tanto este acuerdo es violatorio de la misma" (16). Otro
pedido en el mismo sentido fue realizado por el Senador Luis Molinari
Romero, quien requirió al Poder Ejecutivo "a través de los
organismos competentes, adopte las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento del Artículo 41, último párrafo de la Constitución
Nacional" (17).
Es
inadmisible que un gobierno democrático, mal asesorado por partes
interesadas como INVAP y CNEA, viole la Constitución y someta los
argentinos presentes y futuros a la basura nuclear de Australia y otros
países. Lo que afortunadamente no lograron los gobiernos militares lo
consiguió la gestión del presidente Fernando de la Rúa. Nos
transformaron en el patio de atrás de la basura nuclear de Australia, y
abrieron el país a los residuos radiactivos de otras naciones. Que la
basura esté de paso no cambia los hechos. Para la Constitución el
contrato es ilegal. Viabiliza además otras iniciativas igualmente
cuestionables de la CNEA como el proyecto Ciclo Tandem (ver abajo).
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