Se paralizaron las obras en el puerto de Buenos Aires por un dictamen de la Justicia.

La Justicia ordenó al Estado que suspenda todo principio de ejecución del contrato de las obras de dragado y mantenimiento de los canales de acceso al puerto de Buenos Aires, tras la denuncia que realizaron los legisladores porteños Gabriela González Gass y Agustín Zbar reclamando la nulidad del decreto 357/98 que llamaba a concurso para realizar obras de ampliación y modificación del puerto. La medida fue tomada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland quien sostuvo que las obras propuestas "generarían un impacto no asimilable ni tolerable en el tránsito vial de la ciudad y un severo impacto ambiental en el Río de la Plata por el alto poder de sedimentación de las aguas". Además la construcción de una península de casi 270 hectáreas sería un grave escollo para la dilución de las aguas contaminadas. Es importante señalar que los denunciantes advirtieron que el Poder Ejecutivo es "incompetente para disponer de la zona portuaria sin dar intervención a la ciudad de Buenos Aires" y que "el megapuerto proyectado omite medir el impacto ambiental que produciría".

Fuentes: FUNAM (Córdoba), La Razón (Buenos Aires), diciembre de 1999.

 

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