Basura
Nuclear Australiana: nuevos obstáculos legales en
Buenos Aires.
Como resultado de la presentación que hizo FUNAM en la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires en
el año 2000, este organismo municipal inició una
acción de amparo contra el Estado Nacional. Ello es
para “acceder a la información” del contrato que
firmaron ANSTO de Australia e INVAP de Argentina. Una de
sus cláusulas prevé el ingreso de basura nuclear
australiana a nuestro país. El biólogo Raúl
Montenegro, presidente de FUNAM, señaló que “nunca
se quiso hacer público su contenido, por eso el
contrato siguió siendo secreto”.
La acción iniciada por la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires se tramita en el Juzgado
Contencioso Administrativo Federal n° 2 a cargo del Dr.
Sergio Fernández, Secretaría n° 3 a cargo de la
doctora Estela M. Arberas. El proceso se encuentra “en
pleno trámite”.
Córdoba y Buenos Aires, Octubre 24 de 2002.- La
Fundación para la defensa del ambiente, FUNAM, hizo
pública la Acción de Amparo que inició la Defensoría
del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires contra el Estado
Nacional por no haberle proporcionado información “suficiente,
adecuada y oportuna” sobre el Contrato que firmaron
ANSTO de Australia e INVAP de Argentina.
El Dr.
Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, indicó que esta
Acción de Amparo “es la respuesta a la presentación
que le hicimos desde FUNAM al Defensor Adjunto del
Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Brailovsky,
el 10 de octubre de 2000. En esa Carta Documento le
informamos que “atento a la gravedad de la situación,
esto es, que puedan entrar residuos radiactivos a
nuestro país, ser transportados por rutas de distintas
jurisdicciones y provincias, incluida Capital Federal, y
ser depositados y procesados en la localidad de Ezeiza
(...) haciendo correr riesgos de impredecibles
consecuencias (...)”. También le pedimos que adoptara
“medidas urgentes y perentorias”. En la misma Carta
Documento le solicitamos a Antonio Brailovsky que
intimara a INVAP “a fin de que remita copia” del
Contrato” y lo hiciera público.
Montenegro indicó que “el 10 de octubre también le
enviamos la misma Carta Documento al Secretario de
Ambiente de la Nación, Oscar Massei, al Gobernador de
Río Negro, Pablo Verani, al Gobernador de Buenos Aires
Carlos Ruckauf, y a José Carvalho del Consejo del Medio
Ambiente de Río Negro. Veinte días después, ya con
más información, les remitimos cartas Documento
denunciando la importación de basura nuclear
australiana a Antonio Cafiero, de la Cámara de
Senadores, a Mabel Muller de la Cámara de Diputados y a
Rodríguez Giavarini, de Cancillería (30 de agosto de
2000)”.
“Como resultado de nuestra presentación, agregó
Montenegro, el Defensor Adjunto del Pueblo, Antonio
Brailovsky, actuó muy rápidamente. El 12 de octubre,
apenas dos días después que le enviásemos la Carta
Documento, nos informaron que como resultado de nuestra
presentación se había iniciado la actuación n°
4136/00. Esta nota fue firmada por Lina da Silva, Jefa
del Area de Despacho de la Defensoría”.
La Defensoría le habría requerido entonces a la
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable copia del polémico Contrato además de
información precisa sobre el ingreso de basura
nuclear australiana a la Argentina. Pero esa
información nunca habría llegado a la Defensoría.
De allí que la Defensoría del Pueblo de la ciudad de
Buenos Aires, en base a la denuncia de FUNAM y a la
posterior falta de respuesta por parte del gobierno de
la Nación iniciara “una Acción de Amparo para el
acceso a la información contra el Poder Ejecutivo
Nacional, Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable, por la omisión de informar en forma
suficiente, adecuada y oportuna ante el requerimiento
formal destinado a la protección de ese interés
jurídico”.
El Dr. Raúl Montenegro indicó que esa acción “se
tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Federal n° 2 a cargo deL Dr. Sergio Fernández,
Secretaría n° 3 a cargo de la Dra. Estela M. Arberas”
y que según le informó la Defensoría del Pueblo
mediante Resolución 5111/2002 “el proceso se
encuentra actualmente en pleno trámite”.
Montenegro advirtió que “independientemente del
éxito que tenga esta presentación quedó demostrado
que cuando un Contrato y luego un Acuerdo Nuclear violan
la Constitución y la Ley Nacional de Residuos
Peligrosos esos delitos no quedan impunes. Es una
cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano la
Justicia Penal y Administrativa se expedirán”.
Recordó que a la Acción de Amparo iniciada por la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires “se
siguen sumando nuevas presentaciones”. Mencionó, como
ejemplo, la denuncia penal contra el Ministro de Ciencia
de Australia Peter McGauran “iniciada por FUNAM en el
Fiscalía Federal n° 3 de Córdoba”, y el Recurso de
Amparo que presentó Juan Schroder en la Justicia de
Bahía Blanca.
Agregó además que “ningún acuerdo internacional
firmado por Argentina tuvo tanta ilegalidad ni al mismo
tiempo tanto rechazo público e institucional como el
que se suscribió con Australia. A esta altura de los
acontecimientos, y con un 86% de la población Argentina
en contra del ingreso de basura radiactiva desde
Australia, ni siquiera la aprobación del Acuerdo
Nuclear en Diputados podrá salvarlo de su
inconstitucionalidad”. Montenegro también se
refirió la denuncia penal que habían presentado los
Fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, y que fuera
desestimada por el Fiscal Carlos Rívolo. Montenegro
indicó que para el Fiscal “no se puede actuar
penalmente a futuro”. “Pero ese mismo Fiscal,
agregó, dejó un importante precedente al indicar que
para Argentina “sería grave (...) el hecho de que
entraran (los combustibles) aunque sea temporalmente”.
