El ocaso de María Julia.
La Justicia le prohibió salir del país y determinó que tendrá que declarar el 8 de agosto por presunto enriquecimiento ilícito.

El diputado nacional de la Alianza Héctor Polino presentó el 3 de julio una denuncia por presunta malversación de caudales públicos, contra la ex secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, María Julia Alsogaray. La  Fiscalía federal deberá dictaminar si existen elementos suficientes para solicitar una investigación penal. El legislador Héctor Polino denunció una serie de irregularidades presuntamente cometidas por la Secretaría de Recursos Naturales que dirigía María Julia, en la contratación a la empresa Sisteval S. A. Polino explicó que “esta empresa funciona en el ámbito del Ministerio de Defensa pero que opera como una verdadera consultora privada”, indicando que la firma fue contratada en setiembre de 1995 para la informatización del Registro de Generadores, Transportistas y Residuos Peligrosos, creado por la ley nacional de Residuos Peligros Nº 24.051. El diputado nacional señaló que  Alsogaray pagó 74.200 pesos por el diseño informático de una declaración jurada y 1.300.000 pesos por la elaboración de formularios para manifiesto de cargas. Luego de la denuncia realizada por Polino, el juez federal Juan José Galeano le prohibió a la ex funcionaria menemista abandonar el país y la convocó a declarar el 8 de agosto bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Este día la ex funcionaria deberá dar explicaciones acerca de los 500.000 pesos que dijo haber cobrado por asesorar a Astilleros Alianza; de los 800.000 pesos que atribuyó a una donación de su padre; de los 250.000 pesos depositados en su cuenta del Banco Nación Argentina de Montevideo y de ingresos que no tendrían respaldo documental. Alsogaray presentó un recurso de hábeas corpus ante la Justicia, debido a las afirmaciones del ministro del Interior, Federico Storani, respecto al posible arresto de la funcionaria. Fuentes judiciales explicaron que si bien Maria Julia enfrenta numerosas causas penales por presuntas maniobras de corrupción administrativa, los casos de estafa, defraudación y enriquecimiento ilícito, son delitos excarcelables. Sin embargo, podría ser privada de la libertad si se comprueba que cometió una serie de actos ilegales que no constituyeron hechos aislados sino un engranaje de ilícitos. En tanto el diputado nacional Guillermo Giles expresó su “alegría” por el levantamiento del secreto bancario que protege las cuentas bancarias de María Julia Alsogaray  poseería en Uruguay. Giles destacó la decisión del juez en lo penal de Montevideo, Alvaro Franca Levot, que resolvió cooperar con su colega argentino Juan José Galeano, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Por último, Giles señaló sus deseos de que la apertura del secreto bancario en el Uruguay “se extienda” a otros ex funcionarios de la administración de Menem, y consideró como “muy importante” el antecedente sentado por este juez.

Fuentes: FUNAM (Córdoba); La Voz del Interior (Córdoba); Clarín (Buenos Aires), julio de 2000.

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