Inadmisible: El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó a Trillium Corporation a talar 130.000 hectáreas de bosques nativos de Lenga.
El proyecto de explotación forestal siempre fue rechazado por la sociedad, la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas de Tierra de Fuego. El desmonte comenzaría en junio de este año.

El Gobierno de Tierra del Fuego autorizó finalmente a la empresa norteamericana Trillium Corporation, Lenga Patagonia S. A en Argentina, a talar 130.000 hectáreas de bosques nativos de lenga a partir de junio de este año. La medida dispuesta por el gobernador Carlos Manfredotti (PJ) no tiene consenso en la sociedad fueguina como tampoco en la comunidad científica y en las organizaciones ambientalistas que ya manifestaron, en repetidas oportunidades, su total rechazo al Proyecto Río Grande que intenta destruír bosques con ejemplares de más de un siglo. La organización ambientalista Finis Terrae y la de derechos civiles Participación Ciudadana, ambas de Tierra del Fuego, anunciaron que buscarán "instalar el problema de la Trillium Corporation en los Estados Unidos", país de origen de la empresa multinacional. Miembros de las organizaciones no gubernamentales con sede en Ushuaia coincidieron en señalar que Trillium "se radicó en Tierra del Fuego creyendo que había más madera que leyes y cerebros funcionando, pero, además, porque en su ciudad, Bellingham, ni siquiera se hubieran animado a presentar un proyecto de semejante envergadura", aseveró la presidenta de la Asociación Finis Terrae, Graciela Ramacciotti. En febrero del 2000 Roque Lapadula, secretario de Desarrollo y Planeamiento del Gobierno había autorizado a esa empresa desmontar 500 hectáreas anuales de bosque mediante la resolución 23/2000. Pero la asociación ecologista Finis Terrae interpuso una acción de amparo contra Lenga Patagonia S. A y la multinacional no pudo iniciar el desmonte. Patricia Borla abogada patrocinante de la organización no gubernamental, presentó una demanda contra el Estado por “protección de intereses difusos y colectivos” señalando que es “inadmisible que un proyecto de semejante envergadura se habilite sobre la base de un precepto legal creado para fomentar la actividad de los pequeños aserraderos, de bajo volumen de extracción y bajo impacto, que no pueden contratar a un equipo interdisciplinario para elaborar un estudio de impacto ambiental”. Los ambientalistas de Finis Terrae señalaron que el recurso utilizado por el Gobierno y la empresa fue “el vericueto legal para eludir las normas que procuran la sustentabilidad del uso del recurso”. La Ley Forestal exime del requisito de presentar un estudio de impacto ambiental a las empresas que talen 500 hectáreas de superficie o menos. La argucia de las 500 hectáreas surgió luego de que en 1999 el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, declarara “inviable” al Proyecto Río Grande, en base a los argumentos de un grupo técnico que invalidó el estudio de impacto ambiental presentado por Lenga Patagonia S. A. Esta forestal es dueña de 77.000 hectáreas de terreno con bosque en el sector argentino de Tierra del Fuego. Posee también 240.000 has de bosque compradas por la empresa en la porción chilena de la isla para realizar otro proyecto similar al anterior, llamado Río Cóndor, también rechazado en Chile por distintos actores sociales. Además de la argucia legal utilizada por la empresa para eludir la realización del estudio de impacto ambiental, en mayo de 1996 el Gobierno le impuso una multa de 20.000 pesos e inhabilitación temporal por abrir, sin autorización, 3 kilómetros de caminos y un playón de 19 hectáreas. El senador José María García Arecha manifestó que  “el ecosistema de las lengas en la isla de Tierra del Fuego es único e interdependiente. ¿Cómo puede ser posible que las desarrolladas en el territorio chileno merezcan la protección del Poder Judicial, incluso con un fallo de la Corte prohibiendo su explotación, y a los argentinos se nos quiere vender que los bosques nuestros pueden ser explotados?" El legislador redactó un proyecto de comunicación donde sugiere al Poder Ejecutivo que pida informes sobre la explotación y el estudio de impacto ambiental.

Fuente: FUNAM (Córdoba); La Nación (Buenos Aires); Sitio web www.ecodigital.com.ar; febrero y marzo de 2001.

 

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