Planta de incineración de Villa Allende: durante 5 años el Gobierno no controló las descargas de dioxinas, una sustancia cancerígena.

Grave: Según la Fiscalía Anticorrupción los funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente “habrían incurrido reiteradamente en incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos”. El caso había sido denunciado a la Fiscalía Anticorrupción por el biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM, en noviembre de 2001.

La Agencia Córdoba Ambiente tenía que controlar la descargas de dioxinas al aire del incinerador de CIVA; en Villa Allende, pero nunca lo hizo. Los habitantes podrían haber estado expuestos a esta sustancia sin saberlo. Las dioxinas son cancerígenos comprobados del ser humano.

El biólogo Raúl Montenegro, Presidente de FUNAM, indicó que la Agencia Córdoba Ambiente “en lugar de asumir que no controló como debía las descargas del incinerador . Prefirió cuestionar la competencia de la Fiscalía Antincorrupción. El dictamen del Fiscal pone las cosas en su lugar. Ahora la Agencia tiene que ponerse a medir las dioxinas”. Según FUNAM “el caso debería llegar a la Justicia”.

Según el Fiscal Anticorrupción Luis Juez, Córdoba tendría que adherir a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051. FUNAM apoyó esta iniciativa.

Córdoba, 17 de julio de 2002.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) dio a conocer el dictámen 007 de la Fiscalía Anticorrupción que cuestiona muy severamente a la Agencia Córdoba Ambiente por no controlar las descargas de dioxinas en el incinerador de Villa Allende. El caso fue denunciado el 21 de noviembre del año pasado por el Biólogo Raúl Montenegro. FUNAM le pidió entonces a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la responsabilidad de la Agencia Córdoba Ambiente y sus funcionarios “en la falta de control de las descargas al aire de tres plantas incineradoras de la provincia: CIVA de Villa Allende, los hornos de la empresa Minetti en Malagueño y el incinerador Vicarb de Atanor en Río Tercero”. Todos ellos queman residuos peligrosos. El Biólogo Raúl Montenegro indicó que la violación más flagrante “se registró en el incinerador de residuos peligrosos de Villa Allende, que está rodeado de viviendas particulares. La provincia autorizó el funcionamiento del incinerador CIVA por Resolución 063 del año 1997, y le fijó, en esa misma norma, los límites de descargas de contaminantes. Entre esos contaminantes estaban las dioxinas y los furanos. De acuerdo a la resolución 063/97 el incinerador no podía descargar más de 0,05 nanogramos de dioxinas y furanos (sumadas) por metro cúbico de aire. Lo grave es que la provincia nunca lo controló ni obligó a la empresa a que lo midiera, y que este incinerador está funcionando sin esos controles desde hace 5 años. Son 5 años de riesgo para la gente, 5 años de incompetencia”. Montenegro indicó que las dioxinas “fueron clasificadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC, como cancerígenos humanos ciertos. La dioxina TCDD está en el grupo 1 de ese listado, la peor ubicación posible”. Sostuvo que durante el embarazo “las dioxinas producen malformaciones en los embriones y fetos humanos”.

Montenegro agregó que “pese a la extrema riesgosidad de las dioxinas y a la obligación que tenía el gobierno de controlar su descarga en el incinerador de CIVA nunca lo hizo. La Agencia Córdoba Ambiente ni siquiera tomó en cuenta la nota que le hicimos llegar en agosto del año pasado, en la que le recordábamos con datos técnicos el peligro de las dioxinas, y que ellos no estaban controlando los incineradores (Nota ingresada con el número 139629053801). Como siguieron mirando para otro lado presentamos el caso ante la Fiscalía Anticorrupción”. El Fiscal Anticorrupción Luis Juez expresa en su Resolución 007 que “en lo que respecta a CIVA los funcionarios de la Agencia Córdoba Ambiente habrían incurrido en incumplimiento de sus deberes de funcionarios  públicos en tanto han omitido reiteradamente su deber funcional de controlar el cumplimiento de las obligaciones que la Administración Pública le impuso a CIVA mediante Resolución 063/97”. El Fiscal agrega que “Si la Agencia dice no tener facultades para controlar ni siquiera sus propias resoluciones (o las del exConsejo Provincial del Ambiente) ¿Cuál es el objetivo de su existencia? ¿Cuál es su contribución a la sociedad y al Estado?”.

En otro de los párrafos de su dictamen el Fiscal Luis Juez indica que “la irregularidad funcional verificada por la Oficina Anticorrupción adquiere suma relevancia si se tiene en cuenta que al omitirse el control gubernamental o ser éste meramente formal e insuficiente el Centro de Incineración de Villa Allende descargó en el aire residuos cancerígenos humanos ciertos (como las dioxinas, según declaración del IARC) superando el límite administrativamente impuesto, generando así una situación de peligro cierto y grave para la población”. El presidente de FUNAM, Dr. Raúl Montenegro, indicó que ésta “no es la única irregularidad“. Sostuvo que la resolución 063/97 “obliga a los responsables del incinerador CIVA de Villa Allende a llevar sus cenizas y lodos residuales al enterramiento de la empresa CLIBA ubicado en el camino a Río Tercero. Pero en una inspección que realizó la misma provincia en 1999 se verificó que las cenizas de los residuos peligrosos quemados permanecían dentro del predio. En agosto del 2001 CIVA seguía sin tener un enterramiento de seguridad. Como ya parece ser su costumbre la Agencia Córdoba Ambiente siguió mirando para otro lado”.

El funcionario responsable debe renunciar. La Provincia tiene que adherir a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

Montenegro sostuvo que “en cualquier país medianamente civilizado el funcionario responsable de este incumplimiento de funciones presenta su renuncia y se va. Es lo que debería haber hecho Sergio Nirich y otros funcionarios provinciales. Pero aquí eso no pasa. Los funcionarios políticos parece importarles más mantener el cargo que hacer lo que manda la ley. Siguen sin medir dioxinas. Esto es inaceptable. Juegan con la salud de la gente, pero también con sus impuestos. Porque los ciudadanos que hayan sido afectados por las descargas de los incineradores podrán accionar no solamente contra las empresas, sino también contra la provincia”. FUNAM recordó asimismo que en su dictamen el Fiscal Anticorrupción Luis Juez le sugirió a la Secretaria General de la Gobernación, Olga Riutort, que “imparta las directivas necesarias a efectos de que la Agencia Córdoba Ambiente elabore un proyecto de ley para su remisión a la Honorable Legislatura de la provincia, que contemple la adhesión de la provincia de Córdoba al régimen de la Ley 24.051”, la ley nacional de residuos peligrosos. El Biólogo Raúl Montenegro sostuvo que esta sugerencia del Fiscal Anticorrupción “es atinada, cierta y necesaria. Córdoba tiene que estar adherida a la ley para proteger la salud de sus habitantes y su ambiente. Ojalá que la ineficiencia mostrada por el organismo de ambiente de la provincia se revierta, y tengamos en los próximos días ese proyecto de ley en la legislatura”.

Fuentes: FUNAM (Córdoba), julio 2002.