Noticias Nacionales

Caso del DDT: imputaron a autoridades del Senasa por el caso del DDT.

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk imputó al Presidente de Senasa, Jorge Néstor Amaya, y al Coordinador Administrativo de la delegación Córdoba, Orlando Castañeda, en base a la denuncia penal presentada por FUNAM en febrero de este año.

El delito de contaminación del ambiente, artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, prevé penas de prisión de 3 a 10 años.

El biólogo Raúl Montenegro, que presentó la denuncia penal contra Senasa, se mostró "satisfecho" por la decisión de la Justicia. Indicó que también están pidiendo se investigue "al Secretario de Ambiente de la Nación, Atilio Savino, y al ex presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, Sergio Nirich".

Córdoba, agosto 9 de 2005. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que la Fiscal Federal Graciela de Filoñuk "promovió acción penal contra el presidente del Senasa, Jorge Néstor Amaya, y contra el coordinador administrativo de la Delegación Córdoba, Orlando Castañeda, por el delito de contaminación del ambiente" y que la medida se basó "en la denuncia penal que presentó Raúl Montenegro el 9 de febrero de este año". Este delito está castigado con una pena de 3 a 10 años de prisión (Artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051). La Fiscalía n° 3 también promovió la acción penal de ambos funcionarios por omisión de los deberes de oficio. Según la fiscalía estos funcionarios habrían provocado "una constante situación de peligro común, susceptible de daño a los bienes jurídicos de un número indeterminado de personas por la producción de impactos contaminantes".

La denuncia de FUNAM tuvo su origen en una investigación periodística publicada por el diario La Voz del Interior, y que luego amplió la Fundación. "Nosotros le informamos a la Justicia que Senasa mantuvo dentro del depósito de barrio Alta Córdoba por 30 años y en pésimas condiciones de seguridad numerosos plaguicidas y sus mezclas. "En total había 11 productos, uno de ellos DDT", indicó Montenegro. Según los registros del propio Senasa el depósito de Alta Córdoba contenía, entre otras sustancias, 12 toneladas de DDT, 200 litros de clorpirifós, 50 litros de dieldrin, 40 litros de dimetoato y 9 litros de lindano. Esto es, plaguicidas prohibidos, como DDT y dieldrin y lindano, y sustancias vencidas. La resolución judicial cuestiona, precisamente, la permanencia de los plaguicidas prohibidos en un edificio de barrio Alta Córdoba por una cantidad no determinada de años, y también el traslado de las sustancias tóxicas al predio de enterramiento sanitario que tiene la empresa Cliba en Bouwer. La Fiscal Federal Graciela de Filoñuk señaló que el inmueble donde estuvieron almacenados los plaguicidas se encuentra ubicado en una zona urbana de ocupación residencial "que colinda con diez viviendas habitadas, y está a unos treinta metros del establecimiento educacional Escuela García Faure".

Montenegro indicó en su presentación penal de febrero que los ambientes del depósito "eran semicerrados" y que por más de tres décadas esto facilitó "no solo la contaminación interna, manifiesta e importante, sino también la contaminación de los ambientes externos, incluidas propiedades, viviendas, y personas ubicadas fuera del predio de SENASA".

La Fiscal federal Graciela López de Filoñuk expresó que "las actuales autoridades del Senasa con sus retardos a sus deberes funcionales, continúan permitiendo que, a la fecha, los efectos multiplicadores de esta contaminación general del ambiente, condicionante del futuro de la vida humana, más precisamente del barrio de Alta Córdoba, en vez de cesar, se siga manifestando".

El Dr. Raúl Montenegro indicó que la decisión adoptada por la Fiscalía Federal n° 3 "es trascendente, y muy beneficiosa para la salud de las instituciones". "Resta averiguar, agregó Montenegro, la responsabilidad que tienen la Secretaría de Ambiente de la Nación, en especial su titular, Atilio Savino, y el ex presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, Sergio Nirich. Ambos funcionarios deben ser investigados. La Agencia Córdoba Ambiente, por ejemplo, sabía desde el año 2003 que Alta Córdoba tenía un depósito de Senasa, y que sus 12 toneladas de plaguicidas eran un riego inadmisible para las personas. Sin embargo no lo informó a los vecinos. Lo que es peor aún, este riesgo sigue latente hoy aunque se hayan retirado los tambores de plaguicidas. El edificio de Senasa, que está en pésimas condiciones de mantenimiento, sigue produciendo fuertes olores a plaguicida que los vecinos perciben, sobre todo después de días de lluvia o en días con fuerte viento". Pero pese a las protestas públicas el edificio sigue con sus partes abiertas. Raúl Montenegro sostuvo que el plan de descontaminación presentado por Senasa para el predio de Alta Córdoba "es técnicamente pobre e incompleto, y olvida la salud de las personas contaminadas. Sin embargo su peor error es no haber considerado la necesidad de aislar el predio antes de que se inicie cualquier tarea de remediación. Es el precio que debemos pagar los ciudadanos por tener funcionarios de tercera que cobran sueldos del Primer Mundo".

* Foto: Gentileza Diario La Voz del Interior.