¿Quiénes somos? ¿Cómo asociarse? Campañas Acciones y logros Mesa de noticias Denuncias Eventos Ecotemas     FUNAM es una Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a unir personas  e instituciones  para un desarrollo sostenible.   La Fundación  para la defensa  del ambiente (FUNAM) tiene status consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). FUNAM es  Premio Global 500 de Naciones Unidas.

LIAG: La Forestal regresó a Formosa. Por Rosana A. Guerra. Tiene un vacío de destierro en la mirada y una guerra sin armas en su rostro. Don Bernardino Paz aprieta su pañuelo mojado en lágrimas y ve con resignación, como las máquinas y las cadenas del exterminio destruyen su casa, matan los sueños y su jardín, en cinco minutos. Mientras, los del Instituto de Tierras le dicen a Maximina Carabajal que tendrá una nueva vida, aunque el predio asignado para ella es más chico que su tierra que ya no es suya y que su casa hecha ruinas con alambrados por caer. Y los policías con su gesto persuasivo, les aconsejan firmar callados y aceptar la reubicación. Pero el desgarramiento de un exilio no querido, se ahoga con los ruidos  de las topadoras, las que masacran el bosque, santuarios  y a todo lo que encuentren a su paso. Los agónicos aullidos de los sobrevivientes de la barbarie, no se escuchan en las grandes ciudades.  La tristeza de los nuevos expulsados del oeste de Formosa tampoco se siente en Australia, país de donde vienen los dueños de LIAG, la empresa que compró 40.000 hectáreas de tierras fiscales para el cultivo de algodón, trigo y soja. Y menos importan, en las oficinas del Gobernador de Formosa quién “remató” un ecosistema único de nuestro patrimonio nacional  con la irrisoria y ofensiva suma de 8, 46 pesos la hectárea. Todo comenzó en la última sesión ordinaria de la Legislatura Provincial allá por 1996, cuando se “trataron” más de treinta temas en un tiempo récord de dos horas, entre los cuales, aguardaba agazapado, el proyecto de ley apadrinado por el gobernador justicialista Gildo Insfrán, quien pedía se le autorizara con carácter de excepción, adjudicar en venta en forma directa a la empresa LIAG Argentina S. A, una superficie aproximada de 40.000 ha de bosque chaqueño, ubicadas en el Departamento Bermejo. La promesa de un desarrollo agroindustrial en una zona tradicionalmente ganadera y la magnánima demanda de fuentes de trabajo, en una de las provincias que alberga lugares con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas del país, fueron los justificativos para solicitar inconcebible autorización. La negativa fue contundente aunque su resultado inevitable: los diputados de la oposición se retiraron del recinto pero la iniciativa oficial se aprobó por la paradójica dictadura de la mayoría.  El Decreto Nº 1806 que fijó el precio vil de venta de las tierras en 8, 46 pesos la hectárea, no tardó en llegar y el escándalo público, vía medios, desató la cadena. Aparecieron las cartas documentos de organizaciones ambientalistas del país que aún hoy, continúan denunciando las flagrantes violaciones a la Ley Forestal 488/84, a la Ley Ambiental 1.060/93 y también para consumar el paquete infractor, a nuestra carta Magna. Las misivas intimidatorias que advertían sobre posibles acciones legales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, no fueron respondidas por los funcionarios implicados en los tiempos legales esperados.  Quizá por la inerte burocracia administrativa, o tal vez, porque un partido político que gobierna una provincia del norte del país desde 1983 no le teme a nada, ni siquiera a la fuerza de la ley. Sea como fuere, un pedido de investigación penal para el gobernador Insfrán, el ministro de la Producción, Amadeo Nicora, y el subsecretario de Recursos Naturales y Ecología de Formosa, Horacio Zambón, presentado por la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), ingresaba a los Juzgados Federales el 11 de marzo de 1997. La Ley provincial de ambiente Nº 1.060/93 establece que debe realizarse una evaluación del impacto ambiental (EIA) de los proyectos con anterioridad a la venta ejecutada por decreto. Y nada de esto existió ni antes y después de la sanción de la ley que condenaría a los formoseños a tener en unos pocos años más, una selva pelada y un desierto por venir.  Además, las tierras fiscales concedidas a LIAG por tan sólo 380 mil pesos, valdrían más de 6 millones de pesos. Una oferta nada desdeñable para una compañía con un activo de 89 millones y un pasivo de 20 millones de pesos.  La aquiescencia y la complicidad del poder llegó aún más lejos: se vendieron a LIAG 40.000 hectáreas de bosques únicos, pese a que la Ley Forestal Nº 488/84  establece un límite de 2.500 hectáreas para la venta de tierras fiscales. Tampoco se calculó el valor del volumen maderable y ni siquiera se fijó el precio del agua que cedería la Provincia para riego, a través de la represa de Laguna Yema. Este material puede ser reproducido, citando el autor y la fuente. Se ruega remitir una copia de lo publicado a funam@funam.org.ar

 

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