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El estudio de impacto ambiental.
Por Rosana A. Guerra.La urdimbre de la perfidia se tejió desde los comienzos, cuando el gobernador de Formosa contactó a Adámoli para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto presentado por Landwirstschaftliche Investitione Ag (LIAG S. A). Un paso ineludible, ante la inminente medida que tomó el Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, cuando exhortó al Ministerio de la Producción de la Provincia de Formosa a realizar un estudio de factibilidad ambiental previo y audiencias públicas, antes de aprobar el proyecto Laguna Yema. Adámoli, fue además, quien coordinó el grupo que realizó el estudio de impacto ambiental del controvertido proyecto de Hidrovía para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Curiosamente, el EIA de Hidrovía dio por resultado general “no impacto”, conclusión que contrastó notablemente con el abandono del proyecto Hidrovía por parte de Brasil.
El contrato firmado por Adámoli con el gobierno de la provincia de Formosa y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) roza lo inadmisible, porque se utilizaron fondos públicos del CFI para financiar un estudio de siete meses que le costó a los formoseños 57.125 pesos. La práctica usual en Argentina y en otros países, es que sea la misma empresa la que financie esta evaluación y no el estado provincial, más aún cuando el estudio de impacto beneficia a una compañía privada. Pero los procedimientos serían todavía más groseros, porque se habría financiado también parte del estudio con fondos del Gobierno de la Provincia de Formosa. Un contrato “sui generis” que confunde objetivos, presume de antemano que el proyecto es “viable” y que la evaluación contratada sería positiva. El Informe Adámoli, resultado de asiduas reuniones entre el técnico y la empresa LIAG, simplificó la naturaleza de los impactos sociales y ambientales, omitiendo realizar mediciones.
Cuando se supo que el estudio sentenció el daño de “admisible”, la indignación se tornó inaceptable. Tanto es así, que hasta un equipo de la Pastoral Social Aborigen de la Iglesia Católica (ENDEPA) tomó cartas en el asunto. El padre Francisco Nazar quien trabaja en el oeste formoseño desde hace más de 20 años, calificó de “vergonzoso” el informe producido por el Adámoli. El sacerdote advirtió que un modelo neoliberal capitalista a ultranza como el que se quiere implementar “trae la desesperanza y la desgracia para los pobres”, porque el proyecto LIAG creará “nuevas situaciones de dependencia”. Lisandra Ríos de Pozo Mortero también dijo lo suyo: “los quebrachos, los vinales y los palosantos del bosque chaqueño, no perdonarán al señor Adámoli”, quien aseguró que los ecosistemas del bosque chaqueño no tienen un carácter único y que por lo tanto se puede desmontar y desarrollar actividades agroindustriales en la zona.
“Esas 40.000 hectáreas, contienen bosques únicos adaptados al lugar más caliente de América del Sur, una biodiversidad excepcional pero suelos muy poco profundos y frágiles” advirtió el ambientalista Raúl Montenegro. El autor de un crítico informe sobre el trabajo de Adámoli, que fue entregado gratuitamente a la comunidad afectada, explicó que “el cultivo de algodón, consumirá un recurso prácticamente no renovable, porque le quita al suelo nutrientes que no se reponen. Cuando se destruye el bosque y el pastizal nativo con la salvaje técnica del desmonte y el uso de herbicidas, la fábrica de suelos se muere. Sólo con actividades silvo-pastoriles y turísticas puede conservarse los suelos y la biodiversidad del oeste seco”. Se lograrán buenos rindes de algodón por algunas décadas y opulentas ganancias para LIAG que serán remitidas al exterior, pero habrá que esperar entre 220 a 1000 años, al menos, para que se formen sólo 25 milímetros de suelo.
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