Polémica reunión sobre el
Acuerdo Nuclear en la Legislatura de Córdoba.
El prestigioso constitucionalista Antonio María
Hernández sostuvo que el acuerdo con Australia
viola tres artículos de la Constitución Nacional.
Hernández, quien fue constituyente en la
Convención de 1994, advirtió que el Acuerdo “vulnera”
el principio republicano contemplado en el artículo
1 de la Carta Magna.
Córdoba, 5 de noviembre de 2002. La
Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM)
participó del debate organizado por la
Comisión de Asuntos Ecológicos de la Unicameral de
la provincia de Córdoba. El objetivo del encuentro
era debatir la inconstitucionalidad del Acuerdo
Nuclear firmado con Australia. El presidente de la
Comisión, Víctor Molina, indicó que este
encuentro era fundamental para que los legisladores
tuvieran una mayor información para expedirse sobre
el tema. Al encuentro, realizado en la Sala Regino
Maders de la Legislatura cordobesa, asistieron,
entre otros, el prestigioso constitucionalista
Antonio María Hernández, el ex Vicepresidente
Víctor Martínez, representantes de las
organizaciones ambientalistas no gubernamentales
FUNAM, ACUDE, CEDHA, Tierra Alerta y PANTA, el
subgerente General de INVAP, Hugo Albani, el
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba, Alberto Maiztegui, y José María Dentone,
asesor de INVAP.
Después
de una introducción a cargo de Hugo Albani y otros
miembros de INVAP disertó el Dr. Antonio María
Hernández, Presidente de la Asociación Argentina
de Derecho Constitucional. Indicó que el acuerdo
entre INVAP y ANSTO además de violar el artículo
41 de la Constitución Nacional, vulnera el
principio republicano establecido en el artículo 1
de la Carta Magna. Reiteró además que el Acuerdo
“viola el artículo 27 de la Constitución
Nacional que establece que todo tratado con otro
país debe estar de acuerdo con los principios de
derecho público establecido en la Constitución”.
El Doctor Antonio María Hernández reiteró que
tanto el contrato como el acuerdo “son
inconstitucionales y reinvindicó el derecho de los
municipios y provincias a declararse no nucleares”.
En sus intervenciones los representantes de INVAP
mantuvieron la misma posición que sostienen desde
fines del 2000, cuando FUNAM y Greenpeace
denunciaron que además de la venta de un reactor
nuclear también existía una cláusula que preveía
el ingreso de residuos radiactivos desde Australia.
El subgerente General de INVAP, Hugo Albani expresó
que el contrato “por ser privado no podía hacerse
público, pero que si la Justicia lo ordenaba lo
entregarían”. El biólogo Raúl Montenegro,
presidente de FUNAM indicó que “todo este debate
se inició el 10 de octubre de 2000, cuando las
organizaciones ambientalistas difundimos que el
contrato preveía el ingreso de residuos radiactivos
australianos a la Argentina”. Agregó que este
contrato “establece sin consulta previa una alta
política de la Nación, lo que es inaceptable. El
contrato incorpora nuestro país a las escasas tres
naciones que tratan comercialmente basura nuclear
extranjera y que son Gran Bretaña, Francia y Rusia.
La ciudadanía debe saber que esta es una de las
industrias más sucias, contaminantes y peligrosas
del planeta” y que por eso “la mayor parte de
los países del primer mundo decidió por voluntad
propia no tratar residuos radiactivos extranjeros”.
Federico Kopta, de ACUDE, indicó que en una
encuesta nacional “el 86 % de los entrevistados se
manifestó en contra del ingreso de los residuos
radiactivos de Australia”. Agregó que “cuando
realizamos esta misma encuesta en la ciudad de
Córdoba sobre un total de 343 personas obtuvimos
sorprendentemente el mismo porcentaje de rechazo:
86%”.
El presidente de la Comisión de Asuntos
Ecológicos, Víctor Molina, sostuvo que se “oponía”
al Acuerdo nuclear con Australia, e indicó que “había
presentado un Proyecto de Declaración donde se
solicita a la Cámara de Diputados de la Nación que
rechace dicho acuerdo”.
