Basura
nuclear de Australia.
Sería
procesada por la CNEA,
organismo nacional que no sabe tratar sus
propios residuos.
FUNAM
envió una carta a los Diputados de la Nación
recordando la ilegalidad del acuerdo y
advirtiendo que CNEA, el organismo que trataría
los residuos, no ha sabido tratar los suyos.
Córdoba,
3 de octubre de 2003. La Fundación para la
defensa del ambiente (FUNAM), envió un carta a
los diputados de la Nación recordando la
ilegalidad del acuerdo entre INVAP y ANSTO y
advirtiendo que la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), el organismo que
trataría los residuos radiactivos que
ingresarían al país, no ha sabido tratar los
suyos. El presidente de FUNAM, biólogo Raúl
Montenegro, recordó que tanto el Contrato
firmado entre ANSTO de Australia e INVAP como el
Acuerdo de cooperación nuclear suscrito entre
Argentina y Australia “violan el Artículo 41
de la Constitución Nacional”.
FUNAM
sostuvo que tras la firma del Contrato “los
argentinos pudieron conocer sus improlijidades e
ilegalidad”. Para tratar de disimular estas
graves irregularidades y violaciones “los
gobiernos de ambos países elaboraron y firmaron
rápidamente el Acuerdo de Cooperación que
ahora están analizando en la Cámara de
Diputados”.
El
biólogo Raúl Montenegro indicó que la endeble
situación legal del Contrato y del Acuerdo “motivarán
seguramente presentaciones por
inconstitucionalidad” y que estas
presentaciones “llegarán a la Corte Suprema
de Justicia”. Sostuvo sin embargo que el
Contrato y el Acuerdo “no son solamente
ilegales. También contienen una aberración
administrativa. La mayoría de las personas
saben que INVAP construye el reactor nuclear de
Lucas Heights en Sydney, pero muchos desconocen
que quien estará a cargo de la basura nuclear
australiana no será INVAP, sino la CNEA. Por
eso el destino de los residuos radiactivos
sería el cuestionado Centro Atómico de Ezeiza.
Las
graves deficiencias de CNEA.
Montenegro
destacó que es “insólita e inadmisible” la
inclusión de CNEA como el organismo encargado
de tratar la basura nuclear australiana “porque
no ha sabido tratar sus propios residuos
radiactivos”. Agregó que esta responsabilidad
“es incompatible con el descalabro que generó
CNEA en las minas de uranio y en la planta donde
se fabrica el polvo de dióxido de uranio”.
El
biólogo Raúl Montenegro sostuvo que la CNEA
“no tiene ni las instalaciones ni la
tecnología necesarias para procesar la basura
nuclear que produzcan los australianos”. El
ambientalista indicó que para el eventual
tratamiento “tendría que firmarse un nuevo
Contrato, y como la CNEA no tiene las
instalaciones suficientes (ni se las podrá
cobrar a Australia) será el Estado argentino
(es decir la comunidad) quien debería pagar su
construcción. Agregó que es muy probable que
la CNEA “intente construir esa planta con
fondos nacionales para que esté disponible
antes de la posible fecha de envío de los
primeros residuos radiactivos desde Australia
(año 2014). Esto no se debe permitir, ya que
estaríamos subsidiando a los australianos”.
Montenegro
advirtió que la CNEA “no está en condiciones
de afrontar el tratamiento de la basura nuclear
australiana porque ni siquiera ha podido abordar
el tratamiento de los residuos que ella misma
produce”. Recordó que la CNEA “no remedió
como debía las minas de uranio de San Rafael
y Malargüe en Mendoza, ni en Los Gigantes
en Córdoba. El desmanejo ambiental de estas
minas es de tal envergadura, que en Córdoba por
ejemplo la CNEA esta tratando de obtener un
permiso del gobierno para poder descargar
20.000 metros cúbicos de líquidos residuales
al arroyo Cajón, afluente del San Antonio.
Vecinos y organizaciones del Valle de Punilla se
han movilizado, y no permitirán que la CNEA
afecte el río que hoy pasa por la ciudad de
Villa Carlos Paz”. Agregó que en San Rafael,
en Mendoza “existe una masiva oposición de la
comunidad y de los productores a la reapertura
de la mina de Sierra Pintada porque finalmente
pudieron conocer lo que allí sucedía. Sierra
Pintada nunca fue remediada, almacena enormes
volúmenes de líquidos contaminados, y algunos
sectores de las membranas del dique están rotas”.
En
la carta enviada a los diputados de la Nación,
el presidente de FUNAM también precisó que CNEA
y Dioxitek S.A. “tienen almacenadas más de
36.000 toneladas de residuos de uranio de baja
radiactividad en un barrio densamente poblado de
la ciudad de Córdoba, donde fueron colocados
sin tratamiento previo y sin membranas”. El
ambientalista indicó que el de Córdoba “es
uno de los pocos casos en el mundo en
que una planta entierra sus residuos de
uranio en un barrio densamente poblado como lo
es La Fraternidad”. Agregó que actualmente
“no hay recursos ni proyectos inmediatos para
solucionar este problema extremadamente grave.
Lo insólito es que Dioxitek ( o sea CNEA)
pretende trasladar la fábrica de dióxido de
uranio a San Rafael (donde la comunidad tampoco
la quiere) sin haber tratado previamente el
enorme basural de uranio que yace en barrio La
Fraternidad”.
FUNAM
también destacó que CNEA “no logró una
remediación absoluta y prolija de las minas de
Pichiñán en Chubut, Tonco en Salta, Malargüe
en Mendoza (donde recién este año comenzó a
abordarse la remediación), La Estela en San
Luis, y Los Colorados en La Rioja”. Ulises
Naranjo, del diario Uno de Mendoza escribió en
octubre del 2002 que “a pocos metros de la
plaza departamental de Malargüe hay desde la
década de 1970 un depósito con 700 toneladas
de uranio que comprende unas dos hectáreas. El
delicado asunto ya se ha debatido bastante, pero
ahora vuelve a la cornisa, pues en el Congreso
nacional se analiza un Acuerdo Nuclear con
Australia’ (Uno, 8 de octubre de 2002). Los
medios y la comunidad han comenzado a
preguntarse cómo la CNEA, que ha producido
semejantes desastres ambientales, puede
pretender hacerse cargo del tratamiento de la
basura nuclear australiana”.
Los residuos nucleares de Australia
llegarían al Centro Atómico de Ezeiza, donde
CNEA no logró tratar su propia basura
radiactiva, que hoy contamina el subsuelo.
El
biólogo Raúl Montenegro señaló que lo “inadmisible”
es que en Ezeiza “el sitio al cual vendría la
basura nuclear australiana para su tratamiento,
la CNEA ha estado contaminando durante años el
ambiente con residuos radiactivos de baja y de
media radiactividad”. Esta situación es
conocida desde hace años, pero la CNEA nunca
asumió el impacto que estaba produciendo en el
subsuelo. En 1957 el Dr. Marcelo Irigoyen
elaboró un informe para la CNEA que decía: “La
eliminación de residuos líquidos radiactivos
por infiltración forzada en napas profundas es
muy peligroso, por el aprovechamiento casi total
de las distintas napas del subsuelo y por
existir graves problemas de contaminación de
las mismas, al estar intercomunicados entre sí
en mayor o menor grado” (M. Irigoyen, 1957,
“Informe geológico preliminar del campo de la
CNEA de Ezeiza”, Conclusiones y
recomendaciones, Punto 5). Treinta años
después, en 1987, el propio INCYTH volvió a
reiterar esta alerta y en 1990 el Consejo
Superior Profesional de Geología concluyó que
“debería cesar el método aplicado para la
eliminación de residuos radiactivos’ en las
trincheras de Ezeiza”. El Dr. Raúl Montenegro
indicó que pese a todas estas advertencias,
sólidas y fundadas “CNEA siguió contaminando
el subsuelo y las aguas subterráneas”.
“Lo
grave, indicó Montenegro, es que el mismo
organismo que produjo todos estos desbarajustes
ambientales, la CNEA, es quien se haría cargo
de la basura nuclear de Australia. Si se aprueba
el Acuerdo de Cooperación, la CNEA agregará, a
la contaminación que ya produjo en Ezeiza el
riesgo de procesar material altamente radiactivo
pero extranjero muy cerca del Aeropuerto
Internacional y en una zona densamente poblada
del conurbano bonaerense”.
También señaló que lo anterior “es
apenas una muestra de los desatinos ambientales
producidos por la CNEA. En su mayoría fueron
guardados como secreto de Estado, y solo
salieron a la luz cuando la contaminación no
pudo ocultarse. La ciudad de Villa Carlos Paz,
en Córdoba, todavía recuerda las descargas de
líquidos alternativamente ácidos y alcalinos,
verdes y blanquecinos, que la empresa Sánchez
Granel Ingeniería, contratista de CNEA,
descargaba clandestinamente a la cuenca del río
San Antonio. A los 24 años del cierre de esa
mina, acelerada por los desastres ambientales y
la protesta popular, hoy la mina sigue
produciendo problemas”.
La
basura nuclear de Australia es basura, y
también blanco para actos terroristas
internacionales.
En
su nota dirigida a los Diputados, el presidente
de FUNAM indicó que las constancias de los
desbarajustes ambientales producidos por CNEA y
sus residuos “están disponibles en
información publicada y no publicada que obra,
incluso, en la propia CNEA”. El biólogo Raúl
Montenegro agregó que la CNEA “no puede ser
contratista de INVAP para tratar la basura
nuclear de Australia porque ni siquiera ha
podido controlar sus propios residuos. Para
comenzar, no puede ofrecer servicios de
tratamiento si antes no soluciona todos los
desbarajustes ambientales que ya produjo en
Argentina, y que por cierto no remedió. Es
inaceptable que la sociedad haya tenido que
sufrir las consecuencias de los depósitos de
residuos radiactivos de la CNEA, y que ahora
este mismo organismo pretenda hacerse cargo de
la basura nuclear australiana, todo para que
INVAP haga un supuesto buen negocio. Decimos ‘supuesto’
porque la ilegalidad y el riesgo no valen los 90
millones de pesos que ganará INVAP por la
construcción del reactor nuclear. Los Diputados
deberían iniciar una cuidadosa investigación
para asegurar que los negocios de INVAP no se
hagan utilizando presupuesto público, ya que
esto implicaría vender tecnología con
subsidio, algo inaceptable en un país en crisis”.
Montenegro
señaló a los Diputados que debía aclararse
ante todo “una confusión de términos. INVAP,
agregó, “dice para tranquilizarnos que los
residuos que vendrán de Australia no son
residuos. Esto es una falta de respeto para los
argentinos, para el parlamento que aprobó
legislación sobre temas nucleares y para la
gente. Lo que pretenden traer de Australia es
combustible nuclear agotado, parecido al que
produce aquí la central nuclear de Embalse.
¿Alguien duda de que el combustible agotado de
esta central es basura?. Si no es basura, ni
plantea grandes riesgos ¿Porqué se almacenen
en piletones rigurosamente vigilados?. En
realidad, el combustible nuclear agotado de
Australia, que es residuo altamente radiactivo,
se considera como tal porque después del
tratamiento no tiene un uso posterior. Una vez
devueltos a Australia los residuos procesados
(que se llaman LLIL) serán enterrados en ese
país”.
El
biólogo Montenegro indicó a los Diputados que
el combustible nuclear agotado de Australia “también
debe ser considerados residuos por otra dos
razones: porque son inútiles para los
argentinos, y porque son peligrosos por más de
mil siglos. Por si fuera poco, son un atractivo
blanco para los grupos terroristas
internacionales. Realmente, 90 millones de
dólares no justifican la violación de la
Constitución, y mucho menos que nos usen para
tratar lo que otros países no se animan a hacer
en su propio territorio”.
Montenegro agregó que la inclusión de CNEA
como subcontratada de INVAP “es inadmisible
porque mal puede hacerse cargo de basura
radiactiva extranjera cuando ha ido dejando
basurales radiactivos de uranio pésimamente
gestionados en todo el país”. FUNAM solicitó
a los Diputados que también se investiguen “los
desbarajustes ambientales producidos por CNEA”
y que este organismo nacional “solo podrá
ofrecer servicios cuando tenga la tecnología y
la infraestructura para hacerlo, y haya
remediado previamente todos los basurales que
fue dejando en el país”. Es una falta de
respeto que INVAP, para ganar el Contrato, haya
ofrecido un servicio que la CNEA no tenía aún
desarrollado. Como la CNEA depende del estado
federal, es decir de nuestros impuestos, algún
malintencionado habrá pensado que el propio
gobierno contribuiría para la construcción de
esas instalaciones, así quedaban listas para
cuando los australianos las necesitasen en el
2014. Un país con las crisis que enfrenta
Argentina no puede darse el lujo de subsidiar
una tecnología peligrosa y obsoleta”.
El biólogo Raúl Montenegro sostuvo que hay “un
agravante más. El Acuerdo no solo habilita el
procesamiento de la basura nuclear australiana
(lo que nos habilita para hacer los mismo
con otros países) sino que permite también el
reprocesado de combustible nuclear agotado. Esto
tiene una gravedad institucional sin
precedentes. El gobierno de Argentina firmó un
Acuerdo con Australia sin que el Parlamento
fijase previamente una política de manejo de
los residuos radiactivos. Si esta norma y esta
política no existen, la Cancillería no debió
arrogarse tales funciones. Porque a la
barbaridad de aceptar el procesado de la basura
nuclear extranjera se le agrega, con el Acuerdo,
la posibilidad de que se haga retratamiento, y
se extraiga de esa basura el Plutonio 239 y el
Uranio 235 remanente. No hace falta explicar lo
que esto significa política y
estratégicamente. Ambos son materiales
factibles de ser usados para fabricar bombas de
fisión. ¿Cómo pudo el Poder Ejecutivo avanzar
de este modo sobre el parlamento y la
ciudadanía?.”
FUNAM
recalcó que la institución “no está en
contra de los desarrollos tecnológicos de INVAP.
Esta empresa del Estado podrá seguir ofreciendo
sus productos, pero sin violar la Constitución,
y sin ofrecer servicios para los cuales no hay
tecnología ni financiamiento”.
Desde FUNAM, una ONG status consultivo en el
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
se advirtió que el tema denunciado “es
extremadamente grave. Esperamos que el
Parlamento asuma su rol de cuerpo independiente
del poder Ejecutivo y de las empresas, aunque
sean del Estado, y que simplemente cumpla y haga
cumplir la Constitución y aplique el sentido
común. Es preferible que los Diputados anulen
un Acuerdo ilegal y mal hecho, y generen uno
nuevo, legal y transparente, antes que
convalidar la venta de nuestra dignidad y de
nuestra seguridad”.
Fuentes:
FUNAM (Córdoba); octubre de 2003.
