Día de Acción Global Contra la Incineración.

Más de 200 Organizaciones de 62 países protestan hoy contra la incineración.

Córdoba y otras ciudades del país, Argentina, 14 de julio de 2003. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) anunció que “en una campaña sin precedentes más de 200 organizaciones y grupos de vecinos de todo el mundo se movilizan hoy contra la incineración”. La protesta mundial es coordinada por GAIA, una red de organizaciones que tiene su sede en Filipinas, país donde se prohibió la instalación de incineradores. En Argentina la campaña, que busca concienciar a gobernantes y ciudadanos, está liderada por la Coalición Ciudadana Anti Incineración. El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y miembros de GAIA, recordó que la incineración “es una de las tecnologías más peligrosas para el tratamiento de residuos. Además de producir dioxinas, furanos y metales pesados, que contaminan el aire y nuestros pulmones, también generan cenizas altamente tóxicas. Las dioxinas son un grupo de sustancias que afectan el desarrollo embrionario y fetal, el sistema nervioso, el sistema hormonal y muchas otras funciones básicas. Una de las dioxinas más peligrosas, el TCDD, es además un cancerígeno humano cierto. El IARC, Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, lo ubicó como cancerígeno en su grupo 1, donde están las sustancias de mayor riesgo”.

El Biólogo Raúl Montenegro agregó que “toda incineración de residuos produce dioxinas, no importa la tecnología que se utilice. Cuanto más residuos se quemen, más dioxinas se descargan al ambiente. Lo grave es que las muestras con dioxinas solo pueden ser analizadas en laboratorio. Estos análisis son muy caros y no hay en Argentina centros que lo hagan a gran escala. Esto explica porqué todavía siguen funcionando varios incineradores”.

Nadie los quiere tener cerca.

Desde hace varios años crece la oposición pública a la construcción de incineradores, y los que aún funcionan soportan la presión de los vecinos más afectados. Algunas luchas se han transformado en clásicos de la movilización pública. En Laguna Paiva, Santa Fé, un grupo de madres y 10.000 manifestantes hicieron que el intendente de la localidad desistiera de construir su propio incinerador de residuos. “Todavía recuerdo la Audiencia Pública en que FUNAM estuvo junto al grupo de madres, en 1996”, recuerda Raúl Montenegro, “la gente se opuso porque sabía los riesgos. Iba a ser un buen negocio para la empresa que lo vendía, y causa de enfermedad y muerte para quienes vivieran cerca”. La lista de comunidades que lograron detener la instalación de incineradores es larga y sigue creciendo: San Pablo de Reyes en Jujuy; Zavalla, Reconquista, Arroyo Seco, General Lagos, Albarellos, Villa Constitución, Miguel Torres y Coronel Bogado en la provincia de Santa Fé; Holmberg y Marcos Juárez en Córdoba; Salto, Inés Indart, Pinzón, Zárate, Morón, Florencio Varela, Capitán Sarmiento, Mar Chiquita y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires; San Juan, en la provincia del mismo nombre, y Santa Rosa en Mendoza.

Municipios que prohibieron la incineración.

En Argentina la movilización de muchas comunidades ha ido más allá del rechazo a los incineradores. Como resultado del trabajo conjunto entre vecinos, Concejales y legisladores ya existen ocho prohibiciones con respaldo legal. La provincia de San Juan, por ejemplo, prohibió en el año 2001 la instalación de crematorios dentro de áreas urbanas y semiurbanas, previendo que estas instalaciones también suelen ser utilizadas para quemar residuos hospitalarios. El año pasado la ciudad autónoma de Buenos Aires prohibió por ley la incineración de residuos hospitalarios, y tres municipios de la provincia de Santa Fé (Villa Constitución, Coronel Bogado y Capitán Bermúdez) prohibieron por ordenanza la instalación de incineradores. Córdoba no se quedó atrás. El Municipio de Marcos Juárez también los prohibió en el 2002. Claro que este caso fue muy particular. Unos años antes FUNAM y el propio municipio habían denunciado a la justicia que dos empresas incineradoras, PELCO y CINERES, enviaban sus cenizas y restos sin tratar a Marcos Juárez. Tras la intervención de la Justicia Federal, ambas empresas fueron obligadas a recoger esos residuos y llevarlos nuevamente a sus plantas. Este año Granadero Baigorria, de Santa Fe, se sumó al conjunto de municipios que prohíbe la incineración de residuos hospitalarios.

El Dr. Raúl Montenegro indicó que otro paso fundamental para reducir la descarga al ambiente de dioxinas, furanos y otras sustancias orgánicas “es lograr que la Argentina ratifique el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes. Nuestro país lo suscribió en mayo del 2001, pero todavía no lo ratificó. Desde la Coalición Ciudadana Anti Incineración le enviamos una nota al presidente Néstor Kirchner instándolo a hacerlo. También le pedimos que el ejecutivo elabore un proyecto de ley que prohíba la incineración, y lo remita al Congreso”.    

Córdoba al rojo vivo.

En Córdoba todavía operan varios incineradores, entre ellos el de Atanor en Río Tercero, que quema residuos clorados; el horno de cemento de la empresa Minetti en Malagueño, que incinera residuos peligrosos y los utiliza como combustible; el incinerador de la empresa CIVA en Villa Allende, y el incinerador que opera CLIBA en Potreros del Estado, al sur de la ciudad de Córdoba. Varios años atrás FUNAM pidió a la Justicia Federal que investigara el funcionamiento de los hornos incineradores, y le solicitó al ex Fiscal Anticorrupción, Luis Juez, que investigara en particular el caso de CIVA en Villa Allende (2001). Este incinerador tenía un permiso para funcionar otorgado por la provincia, que le impedía descargar dioxinas y furanos más allá de cierto valor. En el año 2002 la Fiscalía Anticorrupción descubrió que la Agencia Córdoba Ambiente solo había controlado parcialmente las actividades de CIVA, y que nunca le había exigido la medición de dioxinas y furanos. El caso todavía continúa en la Justicia. El Biólogo Raúl Montenegro, de FUNAM, indicó que la Fiscalía Anticorrupción había cuestionado duramente la gestión de la entonces Agencia Córdoba Ambiente, a cargo del Ing. Sergio Nirich, “ya que la falta de control pudo haber expuesto los vecinos a niveles de dioxinas y furanos que ya nunca conoceremos”.

Hay alternativas para la incineración.

La Coalición Ciudadana Anti Incineración y FUNAM sostienen que lo más importante es reducir la generación de residuos, cualquiera sea la fuente (un hogar, un hospital, una industria, un comercio, una mina). Además de este paso, los residuos deben ser siempre separados pues ello facilita su tratamiento posterior. Ambas organizaciones consideran que la incineración es peligrosa por sus descargas al aire y las cenizas que producen, y que por ello deben descartarse, además, la pirólisis, la gasificación y los sistemas de arco.  El Dr. Raúl Montenegro indicó que un eslabón clave en la producción de residuos peligrosos son los hospitales y laboratorios. Agregó que deberían implementarse, por ejemplo “programas de reducción de la cantidad de residuos patógenos y peligrosos”. Indicó que estos programas “pueden incluir modificaciones en los procesos de fabricación de  insumos para que tengan un mínimo o nulo contenido de PVC y metales pesados; cambios en los sistemas de llamado a licitación y compra de insumos, evitando la adquisición de productos, por ejemplo, con PVC; uso racional de los insumos; separación in situ de los residuos, con disposición en envases separados, seguros y de fácil identificación; tratamiento in situ con autoclave, microondas u otros sistemas de menor impacto ambiental; descarte de los residuos no tratados localmente y de los restos del tratamiento in situ; uso de contenedores viales que mantengan la separación de los residuos y sean lo suficientemente estancos e identificables; y recolección y transporte en vehículos seguros a cargo de personal entrenado”. Finalmente, FUNAM indicó que existen “distintos métodos de tratamiento de residuos que excluyen la incineración, entre ellos autoclave, microondas y otros sistemas de bajo impacto ambiental”.

Fuentes: FUNAM (Córdoba), Coalición Ciudadana Anti Incineración; julio de 2003.