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FUNAM es
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Cronología del Proyecto Canal Federal.
Por Raúl A. Montenegro y Rosana A. Guerra.
1988. Firma de una carta intención (Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca) para indagar la posibilidad de que se traspase agua superficial desde Tucumán a La Rioja. El estudio conducido por la Empresa de Agua y Energía concluyó que la cuenca del Salí-Dulce no dispone de excedentes para ser desviados a la provincia de La Rioja.
1989. El Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que creó el Sistema Interprovincial Federal (SIF), toma como propio el proyecto de la Empresa de Agua y Energía que negaba la existencia de excedentes en el Salí-Dulce. A pesar de esto el CFI aconsejó, como posibilidad de trasvasamiento, captar agua del primer acuífero de la llanura tucumana (1989).
1990-1991. No existieron avances significativos.
1992. Se suscribió un acuerdo en la localidad de Frías (14 de abril).
1993. Firma del Convenio Canal Federal (2 de agosto) para continuar con los estudios de prefactibilidad. Estos estudios se otorgaron sin concurso ni licitación pública a la empresa privada Ingenoa, conformada por ex-empleados de Agua y Energía de la Nación, quienes elaboraron el primer proyecto de Canal Federal.
1994. Se suscribió el "Convenio Canal Federal. Acta Acuerdo" (14 de diciembre) entre la Nación y las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. Acordaron "aprobar el informe Anteproyecto preliminar de derivación de aguas de la cuenca del río Salí-Dulce a través del Canal Federal" (Artículo 1) y "Ratificar la ejecución de la etapa de Proyecto Definitivo prevista en el convenio vigente" (Artículo 2). Convalidaron además la prosecución de tareas por parte de la empresa Ingenoa, sin concurso ni licitación pública.
Mediante un convenio suplementario se convino "ejecutar estudios complementarios al Proyecto Canal Federal" (Claúsula 1). Las tareas a realizar incluían "la valoración del impacto ambiental (en la) región de mar Chiquita mediante el empleo de una metodología de reconocida utilización, como es la matriz de Leopold. En base a estas valoraciones y conforme a los resultados obtenidos se desarrollarán medidas preventivas, correctivas y de control que deberán aplicarse" (Anexo al convenio suscrito entre la provincia de Córdoba y el CFI). Es interesante destacar que este convenio suplementario, pese a citar la Ley del Ambiente 7.343/85 y su modificatoria 8.300 (no así el Decreto de Evaluación Ambiental 3.290/90), omitió mencionar el mecanismo de Aviso de proyecto y la posibilidad de que la obra pudiera ser rechazada.1994. FUNAM presentó una denuncia penal (31 de diciembre) contra el gobernador de Córdoba por haber suscrito el convenio. Al analizar estos documentos, FUNAM consideró que la adhesión de Córdoba al SIF era violatoria de la Ley del Ambiente 7.343 y del Decreto Reglamentario de Evaluación de Impacto Ambiental 3.290. La Fiscalía del 8º Turno a cargo de José María Pérez Villalobos imputó a Eduardo C. Angeloz por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (Artículo 248 del Código Penal).
1994. 1998. Se realizaron numerosas modificaciones al proyecto, en su mayoría originadas desde la empresa Ingenoa como el establecimiento del sitio de toma en el dique de Río Hondo (Santiago del Estero), un replanteo de las obras de conducción y almacenamiento de agua, la incorporación de un segundo sistema de trasvasamiento desde el río Albigasta y el reemplazo del canal de conducción a cielo abierto por un tubo cerrado.
1994. Comenzó a incrementarse la oposición al proyecto de Canal Federal. Ciudadanos, organizaciones ambientalistas e incluso reparticiones públicas de las provincias afectadas hicieron conocer sus críticas y reparos. La ONG Suyay de Tucumán tuvo un rol destacado en este proceso. El intenso debate alrededor del Canal Federal y del acuerdo de 1993 hizo que por lo menos dos provincias se retiraran del grupo inicial: Tucumán y Córdoba. Salta continuó sin ser consultada ni pidió ser incluida en las negociaciones.
1998. Firma de un nuevo acuerdo en Capital Federal (25 de marzo) para garantizar el trasvasamiento de agua desde Santiago del Estero a la provincia de La Rioja. Lo suscribieron la nación y las provincias de Santiago del Estero y La Rioja. Entretanto, ciudadanos, organizaciones ambientalistas e incluso dependencias de los gobiernos provinciales acrecentaban su rechazo al proyecto. Como reacción a varias presentaciones, el Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, comunicó a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable la necesidad de que se organizasen audiencias públicas en cada una de las provincias afectadas.
1998. Se inician acciones administrativas en defensa de los derechos provinciales. La Defensoría del Pueblo de la provincia solicitó formalmente la intervención del Poder Ejecutivo mediante Resolución 3.778/98. En el mismo sentido se expidió la Cámara de Senadores de la provincia (Resolución 1577/12/98). El Poder Ejecutivo no inició las acciones solicitadas ni se expidió públicamente contra el Canal Federal.
1998. El Parlamento nacional eliminó del presupuesto una partida dedicada al financiamiento de las primeras obras del Canal Federal (acciones sobre el río Albigasta por 415 millones de dólares).
1998. La Universidad Nacional de Córdoba presentó formalmente su trabajo "Valoración del impacto ambiental en la región de Mar Chiquita y la cuenca afectada por el Canal Federal" dirigido por Santiago Reyna. Este documento evaluó el impacto ambiental del Canal Federal para distintos escenarios de extracción. A partir de este trabajo se intensificó el debate público.
1999. El Poder Ejecutivo decidió por Decreto lo que no se había podido aprobar por Ley de la Nación, esto es la contratación de avales por 415 millones de dólares. Ello posibilitó el primer llamado a licitación de la obra.
1999. La licitación del primer tramo del SIF generó numerosos reclamos en las provincias afectadas. Los gobiernos provinciales y la Nación no habían organizado ninguna audiencia para discutir el impacto ambiental del Canal Federal, ni tenían previsto convocarlas. El gobernador de Córdoba, Ramón Bautista Mestre, mantuvo su decisión de no pronunciarse públicamente pese a la presión pública y de los medios de comunicación social.
Alicia Morales Lamberti, Profesora Titular "A" de la Cátedra de Derecho Agrario, Minero y Ambiental de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba definió muy claramente esta situación: "jamás existió por parte de las autoridades provinciales oposición alguna: no se impetró la nulidad de [los] actos licitatorios atento la carencia de aprobación previa de la viabilidad ambiental por parte de la Provincia y la ostensible incompetencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para realizar dichos llamados y correlativas adjudicaciones (...). El silencio se traduce en consentimiento y el consentimiento inhibe alegar con posterioridad la propia torpeza" (Morales Lamberti ,A. 1999. Canal Federal: en busca del tiempo perdido. Diario La Voz del Interior, Córdoba, 31 de julio de 1999, p. 12 A).1999. La Fiscalía General del gobierno de Córdoba inició acciones ante la Justicia para proteger los intereses provinciales. Pidió la suspensión del proceso licitatorio nº. 4/98, 5/98 y 6/98 del Estado Nacional, surgidas de las actuaciones administrativas nº 1390/98, 1391/98 y 1392/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, de la Nación.
1999. Audiencia Pública convocada por la Defensoría del Pueblo de Córdoba y de la Nación ante la falta de respuesta y frente a la licitación encarada por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (31 de mayo. Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba).
1999. El Centro de Ingenieros de Córdoba rechazó el proyecto del Canal Federal mediante un documento público (13 de mayo). Respaldaron además la posición de la Provincia de Córdoba de defender la Convención Ramsar (sobre humedales) y de recurrir ante la Justicia Federal para detener los proyectos y licitaciones propuestos por la Nación.
1999. El Gobernador de Santiago del Estero, Carlos A. Juárez, rescindió el Convenio del SIF suscrito el 25 de marzo de 1998 en Capital Federal al considerar "que fue totalmente violado en forma unilateral por la Nación con posterioridad a la firma".
1999. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) presentó una denuncia penal contra la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, María Julia Alsogaray, en los Tribunales Federales de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. La presentación se basó en la "manifiesta ilegalidad" del proyecto Canal Federal, dado que viola las leyes del ambiente de esas tres provincias además de normativa nacional e internacional.
2000. Los gobernadores de las provincias de La Rioja, Angel Maza, y de Catamarca, Oscar Castillo, abandonaron "por inviable" el proyecto del Canal Federal . El funcionario de Catamarca señaló que “el proyecto Canal Federal se abandona”, obedeciendo a las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional de Fernando De La Rúa.
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