Desactivarán el basural más grande de Argentina. El depósito de Villa Domínico dejará de funcionar en 19 meses. El municipio de Quilmes reclama 200 millones de pesos de indemnización por “daño ecológico”.

La empresa Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), anunció el 8 de setiembre que desactivará el basurero más grande de Argentina. Sin embargo los municipios de Avellaneda, Quilmes, Hurlingham y La Matanza que conforman las 4 áreas de rellenos sanitarios del “cinturón ecológico” no se conforman con este anuncio y piden un resarcimiento económico “por el daño ecológico producido”.Solamente Quilmes, exige 200 millones de pesos por la “rotura de calles, el tránsito de camiones y hasta la posible contaminación de las aguas”. Fernando Geronés, intendente de este partido, explicó que la Secretaría de Política Ambiental de la comuna realizó análisis de agua en cercanías del predio y constató “la presencia de cromo y plomo por encima de los valores permitidos”. Además indicó, poseer filmaciones con camiones volcando “residuos no permitidos” advirtiendo que mucha de la basura “es enterrada directamente sin ninguna clasificación ni tratamiento”.

Hasta ahora estos cuatro municipios recibían unas 238.000 toneladas por mes, o sea 5, 4 millones de toneladas de basura por año que llega desde la capital y 31 municipios del Gran Buenos Aires. La planta más grande del “cinturón ecológico” está ubicada en Villa Domínico y ocupa terrenos de los municipios de Quilmes y Avellaneda. Este basural recibe más de la mitad de la basura que maneja el CEAMSE y el 70 % de lo que ingresa, unas 6.000 toneladas diarias, procede de la Capital. En el partido de Quilmes “el cinturón” ocupa unas 135 hectáreas. El municipio arroja allí unas 10.000 toneladas de basura por mes y ya gastaron desde la creación del depósito unos 40 millones de pesos. “Nos ocupan tierras, nos cortan la posibilidad de acceso al río, nos contaminan y encima, les tenemos que pagar. Esto es ilógico”, protestó el intendente Geronés, proponiendo que las comunas afectadas “no paguen más por tirar la basura en su propia tierra” y que  “desde ahora hasta su desactivación, el CEAMSE pague una tasa diferencial por ocuparlas”.

El anuncio del “cinturón ecológico” de desactivar el basurero de Villa Domínico es resultado del pedido que realizaron los cuatro intendentes del Gran Buenos Aires para que el CEAMSE abandonase estos municipios. Esta solicitud surgió en agosto cuando se denunció públicamente que la planta de Villa Domínico estaba a punto de colapsar.  “No queremos más ser los basureros de todos”, declararon los jefes comunales, al tiempo que advirtieron que “si estas plantas siguen funcionando pueden producir una tragedia ambiental y sanitaria”. El municipio de Quilmes encargó al Instituto de Estudios de Territorio de la provincia de Buenos Aires una evaluación de impacto ambiental para saber “cual fue el daño causado” en los 264 meses de funcionamiento de la planta de Villa Domínico. Geronés, aseguró que los líquidos lixiviados, generados durante la descomposición contaminaron el ambiente “y como no hay suficientes venteadores” se concentra el gas metano bajo tierra, lo que implica estar caminando sobre un campo minado”. La pérdida de 200 hectáreas de superficie, el desmembramiento territorial y la imposibilidad de planificar y explotar la costa del río impulsaron a los diputados nacionales Graciela Ocaña y Luis Bradoni a elaborar un proyecto de ley para lograr un resarcimiento económico.

Los legisladores explicaron que los barrios La Cañada y Bernal Oeste, “se están hundiendo porque las napas están altas y los técnicos dicen que la basura tiene mucho que ver con el tema”. Explicaron además que la instalación del “cinturón ecológico” fue una decisión del Estado nacional y por lo tanto es el mismo Estado el que debe resarcir el daño, difícil de calcular, pero varias veces millonario”. El CEAMSE fue creado por el gobierno militar en 1977 mediante un convenio entre la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires para la disposición final de los residuos urbanos. Si bien en sus comienzos representó una alternativa al crecimiento de los basurales a cielo abierto y a la incineración diaria de miles de toneladas de basura, actualmente implica un grave riesgo ambiental y un alto costo económico para las comunas del Gran Buenos Aires. Los municipios tienen que pagar exorbitantes sumas de dinero para depositar los residuos producidos por aproximadamente 13 millones de personas. La Matanza gasta de su presupuesto 3 millones de pesos; Avellaneda 1, 5 millones; Quilmes, 1. 4 millones y Hurlingham 720 mil pesos.

Fuentes: FUNAM (Córdoba); Clarín (Buenos Aires), setiembre de 2000.

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