Buenos Aires, 10 de enero
de 2002
Dr. Eduardo Duhalde
Presidente
de la Nación
De
nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Usted con el
objeto de señalarle nuestra profunda preocupación ante la posibilidad
de que la República Argentina ratifique el "Acuerdo sobre
Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear" firmado
con Australia por el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini en
agosto del pasado año. Dicho acuerdo se encuentra en este momento en su
etapa de ratificación en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Este acuerdo bilateral entre Argentina y Australia tiene por objetivo
respaldar el contrato comercial que la empresa rionegrina INVAP SE
firmó con la ANSTO (Australian Nuclear Safety Organization). La materia
de dicho contrato es la construcción de un reactor nuclear de
investigación en Lucas Heights (Australia). Pero el compromiso
comercial no se restringe sólo a la construcción del reactor. Uno de
los compromisos asumidos por la empresa INVAP SE es hacerse cargo del
“acondicionamiento” de la basura nuclear producida en el mismo.
Esto implica que el INVAP importará el combustible gastado de dicho
reactor a la Argentina y realizará aquí su procesamiento de la misma.
Esta operación es violatoria de la Constitución Nacional (Art.41) que
prohíbe explícitamente el ingreso de residuos radiactivos al
territorio nacional.
Por lo anterior, el Acuerdo es inconstitucional y violatorio de la
legislación nacional vinculada a la actividad nuclear. Si el Gobierno
Nacional avanza en esa dirección estará convalidando un negocio ilegal
que tendrá graves consecuencias jurídicas y que agravará el
debilitamiento institucional que ya sufre nuestro país. Además se
estará definiendo la doctrina en la materia antes de que se discuta en
el Parlamento tal como lo determina la Ley de Residuos Radiactivos (Ley
Muller).
Este acuerdo abre además la Argentina al negocio del tratamiento de la
basura nuclear de otros países, y muy especialmente el reprocesamiento.
Esto es de una inusitada gravedad. El reprocesamiento implica la
extracción de Plutonio 239 y Uranio 235 del combustible nuclear agotado
que viene de otros países, y la generación de importantes volúmenes
de más basura altamente radiactiva cuyo riesgo se extiende por miles de
años. Es inusitado que una empresa como INVAP comprometa al país en
este tipo de negocios, uno de los más peligrosos y contaminantes del
planeta. Le recordamos que dos de los países que tienen reprocesado
comercial, Francia y Gran Bretaña, enfrentan hoy serios problemas para
mantener dicha actividad. En Gran Bretaña la empresa British Energy, la
mayor generadora de energía nuclear, ha comunicado al gobierno de Gran
Bretaña, que opera la planta de reprocesamiento de Sellafield, su
intención de no enviarle más combustible quemado por los costos
prohibitivos que tiene.
El Acuerdo es el primer paso para la formación, en Argentina, de un
equivalente autóctono de las plantas de reprocesamiento de Sellafield
en Gran Bretaña y de La Hague en Francia. Estos dos lugares, Sr.
Presidente, han sido declarados, después de los atentados del 11 de
septiembre, sitios de extremo riesgo ante atentados aéreos. Por otra
parte, tanto Sellafield como La Hague ya contaminaron gravemente el
suelo y las aguas marinas con residuos radiactivos, como lo demostró el
informe que elaboró un grupo de 9 expertos a pedido de la Comunidad
Europea.
Si el Acuerdo con Australia se ratifica, INVAP y CNEA quedarán
habilitados para embarcarnos en un negocio que someterá nuestras costas
y nuestras rutas al pasaje de residuos altamente radiactivos. Es
irónico que Argentina, después de haber combatido el pasaje de barcos
ingleses cargados con Plutonio 239 y residuos radiactivos de alta
actividad entre Europa y Japón, impulse a través de INVAP esos
embarques, y que Buenos Aires o Bahía Blanca sean los futuros puertos
de carga y descarga.
Como puede ver Sr. Presidente ese Acuerdo va más allá de lo que hoy
entendemos por usos pacíficos de la energía nuclear. Se trata en
realidad de un documento sin legitimación pública y además violatorio
de la Constitución Nacional que compromete el futuro de todos los
argentinos. Hasta ahora la aprobación del contrato y la media sanción
que tiene el Acuerdo en el Senado se debieron a que la gente común no
conoce de qué se trata y se aprobaron en secreto. Pero podemos
asegurarle que una vez sabida la verdad y los riesgos, esta historia
cambiará.
Es claro entonces que la violación a la Constitución Nacional
resultante de la aprobación del Acuerdo con Australia no será una
cuestión menor y marginal, sino uno de sus principales resultados, ya
que así se habilitará un negocio a largo plazo mucho mayor que el
comprendido en esta venta singular. De este modo, Argentina, igualmente
a lo que sucede con Rusia, fruto de un profundo empobrecimiento y con
una fuerte debilidad institucional termina aceptando residuos nucleares
que nadie desea en su territorio, ni siquiera de modo temporario, como
en el caso de Australia. Todo esto, Sr.Presidente, se nos quiere
presentar como un genuino éxito científico, tecnológico y comercial
de nuestro país. No permita Usted esta nueva burla, que degrada el rol
de nuestros profesionales. Hay un mundo de oportunidades para nuestros
científicos y técnicos si se apuesta a las tecnologías limpias y
modernas en las que nuestro país puede tener un rol destacado.
Las ONGs abajo firmantes le reclamamos que ajuste el accionar del
Gobierno Nacional a las normas vigentes y a la Constitución Nacional y
no apoye las interpretaciones que se están haciendo del texto
constitucional para eludir dicha prohibición. Si eso ocurriese, se
habrá realizado un fraude a la voluntad de la ciudadanía que reclamó
tal prohibición en el texto constitucional en 1994, y ahora verá que
la misma queda sin validez.
Por otra parte, sabemos que muchos legisladores y funcionarios han
defendido ese acuerdo por las divisas que aporta al país. De la cifra
total del Contrato entre INVAP y ANSTO, 180 millones de dólares “en
bruto”, la empresa Argentina solo percibirá la mitad, ya que el resto
lo recibirán empresas australianas. Además de una ilegalidad que tiñe
todos sus alcances, los supuestos beneficios económicos resultantes de
ese acuerdo no tienen en cuenta los costos en riesgo y posibles daños
ambientales al país, incluido posibles actos terroristas. Pero lo más
importante: no deben anteponerse 90 millones de dólares a la legalidad
y a la protección de la salud de los argentinos.
Tal Acuerdo no sólo viola la Constitución Nacional y leyes nacionales.
También violará la propia Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, ya que INVAP pretende realizar el almacenamiento y procesamiento
de la basura nuclear en instalaciones que se ubicarán en Ezeiza. Un
conflicto similar se generará por idéntico motivo en la ciudad de
Buenos Aires. Tanto el Contrato firmado oportunamente como el Acuerdo
abren una interminable cadena de conflictos, sobre todo porque ambos son
inconstitucionales y nos someten a riesgos inaceptables.
Como Usted podrá comprender, se trata de un tema de extrema gravedad
que implicará un cambio definitivo en la posición que ha sostenido
Argentina en materia nuclear, particularmente a partir del ordenamiento
legal construido durante los últimos años.
Por la razones que le
describimos, es que reclamamos:
(1) La no ratificación por el Congreso Nacional del "Acuerdo entre
la República Argentina y Australia sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear" firmado en Canberra (Australia)
el 8 de agosto de 2001.
(2)
La anulación de toda iniciativa y compromiso comercial, institucional o
político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al
territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el
Artículo 41 "in fine" de la Constitución Nacional, y se
incluya en dicha anulación todo proyecto o compromiso que implique el
ingreso al país de combustible nuclear agotado cualquiera sea su
finalidad.
(3)
La difusión pública del Contrato firmado por INVAP y ANSTO en
cumplimiento del derecho constitucional a la información que nos
asiste.
Además
queremos expresarle nuestro compromiso, como ciudadanos e instituciones
responsables, a garantizar el cumplimiento de la Ley y a proteger
nuestro suelo de la peligrosa basura nuclear que pudiera venir de
Australia y de cualquier otro país.
Esperamos
comprenda Usted la urgencia de nuestro reclamo, ya que existe la
intención de que la Cámara de Diputados apruebe dicho Acuerdo en
breve.
Las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas que firman esta
carta le solicitamos tener la oportunidad de presentarle a Usted de
manera directa nuestra preocupación, la experiencia nacional e
internacional que desaconseja este tipo de negocios, y las irreversibles
consecuencias que pueden registrarse en Argentina si se aprueba dicho
Acuerdo.
Esperamos tener una favorable respuesta y poder contar con su
colaboración
para superar tan preocupante situación. Sin otro particular le saludan
cordialmente, las siguientes Organizaciones No Gubernamentales
Ambientalistas: *
