En
respuesta a las numerosos E-mail, fax y notas que personas e
instituciones de Argentina y otros países enviaron al gobierno
del Chaco, su Ministro de la Producción, Hugo Morand, distribuyó
una breve nota donde minimiza los efectos de la nueva ley 5.285.
En ella omite explicar porqué no se consultó a las comunidades
indígenas. Tampoco aborda la cuestionada venta y cesión de
tierras fiscales con bosque, que en la mayoría de los casos son
desmontadas por los nuevos propietarios. Transcribimos a
continuación la nota de respuesta elaborada por FUNAM, y enviada
al Ministro de la Producción.
Córdoba,
febrero 18 de 2004.
Sr.
Hugo Morand,
Ministro
de la Producción,
Gobierno de la provincia del Chaco (Argentina).
Le respondo su carta en mi carácter de presidente de FUNAM pero
con la autoridad que me da ser profesor Titular por concurso de
nuestra Universidad Nacional de Córdoba, y haber sido quien
elaboró el programa y fue primer Director de la Carrera de
Maestría en Gestión Ambiental y Ecología que se dictó,
precisamente, en la ciudad de Resistencia (Chaco). Esta respuesta
analiza dos temas estrechamente relacionados: la inconsulta
modificación de la ley de bosques 2.386, y la descontrolada venta
y cesión de tierras fiscales.
1. Las comunidades indígenas no fueron consultadas.
Su
carta evita considerar que tanto usted como el resto del gobierno
y los legisladores están obligados a consultar a las comunidades
indígenas antes de aprobar normas y tomar decisiones que los
afecten. Por Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional,
por Artículo 37 de la Constitución del Chaco, y por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio que se
halla por encima de las leyes del país), tanto el Poder Ejecutivo
como la Cámara de Diputados estaban obligados a consultar a las
comunidades indígenas antes de avanzar en el proyecto de
modificación de la Ley 2.386. Dicha obligatoriedad regía
asimismo para todas las operaciones de venta o cesión de aquellas
tierras fiscales que eran utilizadas por comunidades indígenas o
pertenecían a sus territorios ancestrales, al menos desde la
fecha de vigencia de las normas mencionadas. Aunque parezca obvio,
le recuerdo que las Constituciones y Convenios deben ser cumplidos
a rajatabla. Caso contrario los afectados, en este caso las
comunidades indígenas y por extensión el resto de los habitantes
de nuestro país, pueden defender sus derechos utilizando todas
las herramientas legales disponibles, desde Recursos de Amparo
hasta denuncias penales por Incumplimiento de los Deberes de
Funcionario Público, y si todo lo anterior no prospera, llegar a
las máximas instancias judiciales de Argentina y de las Américas,
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
con sede en Washington (Estados Unidos).
2.
La venta y cesión de tierras fiscales.
Su
nota se limita a enfocar algunos aspectos de la ley cuya
derogación solicitamos (lo que respondo abajo) pero sin referirse
a un problema igualmente grave: la venta o cesión indiscriminada
de tierras fiscales, y su posterior desmonte. Si usted se toma la
molestia de comparar las imágenes satelitales de la provincia del
Chaco en distintos años, podrá advertir que la superficie con
bosque nativo disminuyó a un ritmo desenfrenado. Como parte de
este ejercicio, le sugiero que corrobore además cual ha sido el
destino de las tierras fiscales boscosas vendidas o cedidas a
particulares en las últimas cinco décadas (investigación que
por otra parte se estaría haciendo en forma independiente). El
gobierno del Chaco parece ignorar que la provincia se encuentra en
situación de emergencia ambiental y social, y que este proceso es
agravado por la pertenencia del Chaco a la "isla de calor de
Prohaska", la zona más calientes de Sudamérica, y el cambio
climático global. Seguir alentando la expansión de cultivos de
alto impacto sobre suelos y ambientes de extrema fragilidad es muy
conveniente para los compradores privados que acceden a la tierra
pagando precios bajos o incluso viles, pero no para las
comunidades indígenas que vivían del bosque ni para el resto de
la población y el patrimonio provincial. Uno de los ejemplos más
patéticos se encuentra en la vecina provincia de Formosa, donde
la empresa LIAG S.A., de origen australiano, compró tierras
fiscales en Laguna Yema al irrisorio precio de 8,26 pesos la
hectárea. Eso sí, muy cerca de costosas obras de aprovechamiento
hídrico financiadas por el gobierno formoseño (no por la empresa
LIAG S.A.).
Formalmente
le solicitamos que haga pública la lista de predios fiscales
vendidos o cedidos por el estado chaqueño durante los últimos 50
años, los precios reales de venta, los nombres de los
beneficiarios, y el destino que tuvieron sus bosques nativos. Sin
perjuicio del tiempo que demande esta respuesta administrativa, le
recuerdo que desde el 26 de noviembre de 2003, por imperio de la
ley nacional 25.831, el acceso a dicha información "será
libre y gratuito para toda persona física o jurídica"
(Artículo 3°, Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental). Aunque obviamente se sucedieron varias
gestiones durante las últimas décadas, quien detenta el poder
administrativo de la provincia representa al Estado actual y
anterior, y está obligado a denunciar ante la Justicia cualquier
irregularidad que se detecte, presente o pasada. El incumplimiento
de estas pautas da lugar a las penalidades previstas en el Código
Penal.
3.
¿En defensa de los bosques o de la soja?.
Usted
sabe muy bien, Sr. Ministro, que tras la aprobación de la ley
5.285, que es ilegal y anticonstitucional, ahora se pretende
reglamentarla. Esta pretensión y su resultado son tan nulos y de
nulidad absoluta como la propia ley. También sabemos que a modo
de tosco e inútil blanqueo la Subsecretaría de Recursos
Naturales y Ambiente, a cargo de Bruno Schwesig, organizó
tardías y parciales rondas de consulta. En uno de los encuentros
sostenidos por dicho Subsecretario con organizaciones colegas para
analizar las críticas a la ley 5.285, el gobierno incluyó como
tema central "la necesidad de ampliar la frontera sojera"
para adaptarse "al corrimiento de las isohietas".
¿Cómo puede avanzarse en la protección de los desprotegidos y
cada vez menos extensos bosques chaqueños, cuando el gobierno y
los funcionarios representan mayoritariamente a los productores y
agricultores?. ¿Acaso esto explica porqué no se consultó a las
comunidades indígenas, principales afectadas por una mala ley y
una oscura política de venta y cesión de tierras fiscales?.
Todos
sabemos, Sr. Ministro, que si el gobierno hubiera deseado proteger
con firmeza los bosques chaqueños, la biodiversidad nativa y el
derecho de las comunidades indígenas a vivir en sus antiguos
territorios no hacía falta ninguna nueva ley ni reglamento, solo
decisión política, férreos controles y sensibilidad social. La
cruda verdad del bosque chaqueño es que con la excusa del
progreso se siguen abatiendo ancestrales fábricas de suelo y agua
para colocar en su reemplazo cultivos de soja y algodón. La soja
es el nuevo y más protegido "bosque" de la provincia.
Lamentablemente,
Sr. Ministro, la multiplicación de los desmontes y la ampliación
de la frontera de la soja son acompañados por el uso
indiscriminado de plaguicidas. Esto también forma parte del tema
a debatir, porque detrás de la flexibilización de los desmontes,
de la venta y cesión de tierras, y de la ampliación de los
cultivos de soja sobreviene la contaminación de aire, suelo,
agua, personas y otros seres vivos con glifosato y endosulfán, y
sus respectivos derivados químicos, AMPA y sulfato de endosulfán.
Todas estas sustancias, junto a coadyuvantes como el nonil fenol
etoxilato, son activos disruptores endocrinos. De este modo las
comunidades indígenas y criollas, ya despojadas de sus tierras y
bosques, pasan a ser víctimas de las violenta e irracional
fumigación química. En cada campaña sojera los agricultores de
Argentina aplican más de 130 millones de litros del herbicida
glifosato. y otros tantos millones de litros de insecticidas.
4.
La ilegal ley de bosques n° 5.285.
4.1.
En primer lugar, la ley n° 5.285 es ilegal y nula de nulidad
absoluta por los motivos expuestos en el primer punto de esta
nota.
4.2.
Dejo aclarado que los comentarios técnicos presentados a
continuación solo se incluyen para mostrar que además de su
ilegalidad, la ley posee numerosos errores técnicos, desconoce
criterios elementales de ecología, y se inscribe en la
generación de normas de fomento productivo, no de conservación.
.
4.3.
Usted reconoce que por imperio de la nueva ley "los
propietarios y/o adjudicatarios de tierras con bosques no podrán
realizar aprovechamiento ni desmonte sin la debida autorización,
la cual será otorgada -previa presentación y aprobación de un
Plan de Trabajo- exclusivamente por la autoridad administrativa
provincial". Agrega usted que dicho Plan de Trabajo
"deberá ser elaborado por profesionales forestales o
agrónomos matriculados", quienes son
responsables solidarios de la ejecución de los trabajos
que aprueba la provincia. En
realidad, el nuevo contenido del Artículo 19 dejaría anonadado a
cualquier experto en gestión ambiental. Lo que correspondería
hacer en cada caso es una formal Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), no un mero e incompleto Plan de Manejo.
a)
Una ley de bosques no puede basarse únicamente en la noción de
“masa boscosa productiva”. El bosque chaqueño, Sr. Ministro,
es la fábrica que durante milenios ha construido la actual
variedad de suelos. El bosque es irreemplazable en los procesos de
generación de suelos y de conservación del agua (agua edáfica,
agua de biomasa, agua atmosférica). Si se quiere seguir teniendo
suelos, es indispensable mantener importantes superficies de
bosque intacto, bien distribuidas, con cierta continuidad, y baja
presión de uso. Le
vuelvo a reiterar, ya que en su carta no hay argumentos técnicos,
que los suelos de los ambientes chaqueños secos tienen un bajo
índice humogénico y un alto índice humolítico. El mejor seguro
de vida para los ambientes chaqueños es la persistencia de
bosques. Si se opta por ir transformando la mayor parte de la
provincia en cultivos, los responsables seguramente se
enriquecerán. Pero la provincia del Chaco, sus habitantes y
nuestro país perderán uno de los ecosistemas boscosos mejor
adaptados al calor, la sequía, la generación y conservación de
suelo, y la conservación de agua.
b)
Es incomprensible que en el Artículo 19 se hayan detallado hasta
el absurdo instrucciones para las llamadas "superficies a
desmontar" y "superficies objeto de aprovechamiento
forestal" sin haber considerado principios básicos de
conservación y de gestión. Nociones fundamentales como
biodiversidad general, capacidad de carga (K, K/2), fragmentación
y continuidad ni siquiera figuran. ¿Porqué no se aplicó la
Convención sobre Biodiversidad, cuya naturaleza la ubica por
encima de nuestras leyes?. Aparentemente lo que suceda con
ambientes y especies vivas únicas no integra las preocupaciones
de los Artículos 19 y 19 bis. Peor aún, la pobreza técnica del
Artículo 19 es agravada con el Artículo 19 bis. ¿Cómo puede un
estado en pleno siglo XXI ignorar la importancia del
"principio de biogeografía de islas" que desarrollaron
Mac Arthur y Wilson,?. Este principio indica que cuanto más
pequeños sean los ambientes naturales menor biodiversidad podrán
conservar. ¿Cómo pudieron elaborar una ley sin considerar la
biodiversidad, su distribución, y la continuidad del ambiente de
bosque?. ¿Sabe usted Sr. Ministro lo que sucederá a medida que
la fragmentación del ambiente nativo balanceado sea cada vez
mayor, y vayan quedando cada vez menos "islas" de bosque
chaqueño?. ¿Tiene usted o sus técnicos idea de lo que sucede
cuando en una provincia donde sobrevive parte del ecosistema
boscoso seco más espectacular y rico de la América Latina los
desmontes son más importantes que la protección y el desarrollo
sustentable?. ¿Alcanzan a percibir lo que sucede cuando los
cultivos reemplazan a los bosques, y la superficie sembrada con
soja y algodón crece sin cesar? (en particular porque a
diferencia de los ecosistemas naturales los ecosistemas
agrícolas, con relaciones P/R>1, tienen baja biodiversidad, no
se reproducen por sí mismos y son totalmente inestables). ¿Han
evaluado los efectos de cultivos de alto impacto como la soja y el
algodón en una provincia en emergencia ambiental?. ¿Qué
sucederá cuando por efecto de la nueva ley, la irracional venta y
cesión de tierras, y la ya tradicional falta de control del
Estado solo quede un puñado de áreas con ambiente nativo?.
Se
lo voy a responder: el bosque será reemplazado por una falsa y
degradada pampa, donde los suelos, estrechos y frágiles,
quedarán expuestos al Sol, el viento, los plaguicidas y la
erosión. Lo más grave e inaceptable, sin embargo, es que esta
fragmentación, indirectamente favorecida por una ley, destruirá
los ecosistemas naturales donde las poblaciones indígenas
obtienen sus plantas medicinales, materiales de construcción y
alimentos naturales. Gracias al trabajo de una de nuestras alumnas
en la Maestría en Salud Materno Infantil de la Universidad
Nacional de Córdoba se logró determinar que las comunidades Quom
del Chaco llegan a utilizar 44 especies de plantas
anticonceptivas. ¿Ha visto usted lo que queda después de los
desmontes con rolo, cadena o fuego?. ¿Quién responde por el
territorio que los indígenas perdieron, por las plantas
medicinales que ya no tendrán, por el despojo y la barbarie
disfrazada de [falsa] legalidad?. Tanto la ley 5.285 como la
indiscriminada venta y cesión de tierras fiscales fomentan un
doble genocidio. Genocidio actual porque la ley 5.285 significará
más enfermedad y más muerte indígena y paisana. Genocidio
futuro porque la fragmentación y degradación de los ambientes
hará que más personas enfermen y mueran.
c)
La nueva ley avanzó en la consideración de criterios productivos
olvidando el nuevo escenario de cambio climático que enfrenta la
provincia y el país. Debo recordarle que rige la Convención
sobre Cambio Climático, y que en Argentina ya son evidentes los
efectos del sobrecalentamiento. Cualquier normativa que favorezca
el desmonte y la pérdida de biodiversidad hace retroceder la
capacidad regional para resistir cambios climáticos. Resulta por
lo menos incomprensible que los escandalosos desmontes registrados
en la provincia del Chaco destruyan uno de los ecosistemas mejor
adaptados al calor y la sequía. Cuesta creer que en lugar de
ampliar las áreas naturales protegidas y fomentar los usos
agrosilvopastoriles de bajo impacto, el gobierno del Chaco
favorezca un amplio reemplazo del bosque con cultivos de soja y
algodón, que son particularmente sensibles al cambio climático.
d)
Si usted cree Sr. Ministro que la ley que usted defiende
protegerá los bosques, seguramente hemos leído leyes diferentes.
Debe quedar en claro que ni siguiera la ley n° 2.386 era una
"buena" ley, pero su reemplazo es proporcionalmente
peor, porque en pleno siglo XXI ignora criterios de gestión que
yo calificaría de básicos.
e)
Una reflexión especial sobre el tema de la reforestación que
aborda el Artículo 19. En ningún caso la reforestación
sustituye, siquiera en forma mínima, la biodiversidad y la
naturaleza del bosque Chaqueño original. Además de los problemas
logísticos y de falta de control desde el Estado, que tornan
irrisorias las disposiciones sobre reforestación de la ley n°
5.285, el gobierno parece ignorar que solo el bosque chaqueño
puede generar más bosque chaqueño.
4.4.
Dice usted en su nota que "con respecto a la relación con
las comunidades indígenas el Ministerio de la Producción tiene
una permanente interacción con ellas". ¿Qué se entiende
por "interacción"?. Porque los pueblos originarios
nunca fueron consultados ni durante la elaboración de la nueva
ley, ni con anterioridad a la toma de decisiones sobre venta y
cesión de tierras fiscales. Si usted cree que la devolución de
150.000 hectáreas puede esgrimirse como ejemplo de
"interacción", permítame decirle que esa superficies
es irrelevante frente a los territorios que la nueva ley y las
nuevas ventas y cesiones de tierras fiscales harán perder a las
comunidades. ¿Cómo puede usted insistir en este falso argumento
de participación, si en su misma carta indica (punto 1) que la
nueva ley prevé además "la formación de una Comisión de
Evaluación y Seguimiento conformada por diversas instituciones
provinciales, nacionales (INTA) y de organización de los
productores". ¿Dónde están las comunidades indígenas en
este mecanismo de "participación"?.
4.5.
Antes de finalizar, Sr. Ministro, una reflexión breve. En su
carta las comunidades indígenas son mencionadas, pero queda claro
también que no fueron consultadas. De lo contrario usted lo
habría indicado. El ambiguo termino que usted emplea,
"interacción", no es sinónimo de consulta previa.
Antes de incurrir en desatinos legislativos ustedes deberían
recordar que las leyes no pertenecen a los gobiernos que las
impulsan ni a los legisladores que las aprueban, sino al pueblo, y
que las comunidades (que ustedes no consultaron) son parte de ese
pueblo. Tanto en la nueva ley como en su carta me hubiera gustado
observar, siquiera, una mención a la sabiduría indígena y su
conocimiento del bosque chaqueño. Pero nada de esto se percibe.
Muy por el contrario, parece predominar la visión de quienes ven
en los bosques chaqueños futuros campos de soja.
4.6.
Los Wichí, los Quom, los Mocovíes y tantos otros
pueblos originarios son los mejores conocedores del bosque seco, y
pueden ser sus mejores guardianes. Pero claro, su presencia
dificultaría la realización de desmontes, el cultivo de especies
de alto impacto ambiental, y la aplicación masiva de plaguicidas.
¿Acaso esto explica la falta de consulta?.
4.7.
El desatino técnico implícito en la aprobación de la ley n°
5.285 solo puede ser subsanado derogándola, y convocando a un
grupo de trabajo para que redacte la nueva ley de bosques. Este
grupo de trabajo debería integrar, entre otros, a las comunidades
indígenas, sus organizaciones acompañantes y ONGs. Después de
derogada la ley n° 5.285 quedaría vigente la ley n° 2.386, lo
que evitaría vacíos legales. Esto dará tiempo suficiente para
la elaboración del nuevo proyecto, y su posterior envío a la
Cámara de Diputados.
Sin otro particular lo saluda cordialmente,
Dr.
Raúl A. Montenegro, Biólogo.
Presidente
de FUNAM
DNI
7.630.299.
